11 de marzo de 2001. Más de 200.000 personas se concentran en Madrid contra el recientemente aprobado Plan Hidrológico Nacional. La protesta, por aquel entonces una de las más multitudinarias contra una medida del Gobierno del Partido Popular, sitúa en el centro del debate político un proyecto que pretende transferir agua del Ebro a Castellón, Alicante, Murcia, Almería, Valencia y Barcelona. Un trasvase que, según los promotores de aquella marcha, mayoritariamente grupos ecologistas de Catalunya y Aragón, "va en contra del desarrollo sostenible y equilibrio medioambiental y a favor de las grandes constructoras".

13 años después de aquella manifestación, la gestión de los ríos sigue provocando verdaderos quebraderos de cabeza. José Luis Rodríguez Zapatero paralizó el trasvase del Ebro nada más llegar al Gobierno. Pero sólo un año más tarde, en 2005, reformaría el Plan Hidrológico para apostar por una amplia y costosa red de desalinizadoras que tampoco logró el consenso entre las regiones afectadas. Comunidades como Murcia y Castilla y León recurrieron aquel giro político. Y no fue hasta el año pasado, en 2013, cuando el Tribunal Constitucional avaló las reformas aplicadas durante el gobierno socialista. La sentencia poco o nada importa a estas alturas porque, el pasado 28 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo plan hidrológico de la cuenca del Ebro que ha vuelto a indignar a los movimientos antitrasvasistas. Aunque esta vez, y por el momento, sólo en Catalunya.

Y es que el nuevo plan, que cuenta con el respaldo de ocho de las nueve comunidades autónomas que abarca la cuenca hidrográfica del Ebro, la más extensa de España, y que tiene como objetivo reducir sus caudales para destinar 11.000 hectómetros cúbicos de agua para campos de regadío, ha abierto un nuevo frente en la Generalitat. Al contrario de lo que sucedió en 2001, cuando el entonces President, Jordi Pujol, votó a favor del PHN impulsado por el gobierno de José María Aznar, esta vez Artur Mas -y el resto de formaciones políticas catalanas menos el PP- está decidido a denunciarlo ante la Comisión Europea. Mismo partido, distinta coyuntura. Y detrás de esta reivindicación se encuentra la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE), que desde hace casi tres lustros lucha para garantizar la supervivencia final del río y del Delta.

Manolo Tomàs es uno de sus portavoces y aún recuerda, emocionado, la marcha que su plataforma encabezó en 2001. "Logramos que Zapatero, entonces en la oposición, se comprometiera a anular aquel trasvase", evoca a Público. Aunque no tarda en matizar aquella felicidad momentánea. "Nos alegramos de que el Gobierno socialista derogara aquel plan, pero en 2005, con su reforma del PHN, se aprobaron tres mini trasvases. Fue una pequeña trampa. Pero aún hay más: el plan hidrológico de la cuenca del Ebro aprobado este febrero ya estaba en un borrador de la etapa socialista. Al final los intereses en la gestión del agua no entienden de orientaciones políticas". La reflexión conecta con la del catedrático de Hidrogeología en la Universidad de Zaragoza Javier Martínez Gil, jubilado desde hace dos años pero con más de medio siglo a sus espaldas de activismo contra la privatización del agua. A la llamada de este diario, concede: "Con el agua es fácil manipular los sentimientos. El agua es negocio, riqueza, un bien necesario. Pero no puede quedar en manos de minorías. Porque tanto los gobiernos de izquierdas como los de derechas buscarán siempre mercadear con ella".

La política del agua para todos

Tras años de silencio -que no de trabajo silencioso-, la Plataforma en Defensa del Ebro vuelve a ponerse en pie de guerra. Los característicos logos con el nudo antitrasvasista y consignas como "Lo riu és vida" (el río es vida) y "El Ebro sin caudal es la muerte del Delta" recuperan la contundencia de hace más de una década. Tomàs se esfuerza en sintetizar algunas de las consecuencias que el nuevo plan hidrológico podría traer en la región y que, en uno de su puntos más polémicos, fija un caudal mínimo para el tramo final del río de 3.300 hectómetros cúbicos anuales: "Nos parece insuficiente. Porque al limitar el caudal, el río pierde fuerza. Y eso se traduce en menos arena a repartir entre las zonas de regadío -la corriente la arrastra-, en una mayor intrusión del mar -que ganaría más altura y agravaría el hundimiento de la zona-; en la estabilización de la contaminación -si los residuos no alcanzan la desembocadura pueden aparecer problemas de salubridad-; y en una modificación del hábitat para algunas especies protegidas -alterando el ecosistema-".

La PDE estima que para garantizar la conservación del Delta se necesita un caudal mínimo de 7.000 hm cúbicos La PDE estima que para garantizar la conservación del Delta se necesita un caudal mínimo de 7.000 hm cúbicos y esta fue la petición que Santi Vila, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, trasladó al Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en la reunión del pasado martes en Madrid. Para la PDE, fue una pérdida de tiempo: "La ley ya está aprobada en el BOE. Me temo que el señor Arias Cañete no va a rectificar y sólo escenificó una tregua para poder estar tranquilo en su previsible aventura como candidato europeo. Pero Arias Cañete, que ignora las normativas de preservación europeas del Ebro, ya está ensuciado", condena el portavoz. Martínez Gil, padre fundador del movimiento social Nueva Cultura del Agua, surgido a raíz de las protestas antitrasvasistas españolas de mediados de los noventa, reivindica su teoría de la 'fluviofelicidad', otra forma de entender los ríos: "No son sólo recursos para privatizar, también forman parte de la memoria histórica, de los sentimientos y de la identidad de un territorio. Dicho así, suena a poesía y filosofía, pero deberíamos redefinir qué es bienestar y progreso antes de vender nuestros ríos a los poderes fácticos".

Sea o no el favorito para convertirse en candidato del PP a las europeas, desde la PDE se le continúa reprochando al Ministro de Agricultura, que ya impulsó el PHN de 2001 ocupando el mismo cargo en el gobierno de Aznar, una negación sistemática a ofrecer diálogo entre los que defienden un reparto del agua en base a criterios no solamente económicos. Para Tomàs, este plan es una versión "más sibilina" del aprobado hace 13 años. "Desde el Consejo de Ministros aseguran que este plan se ha hecho en base a rigurosos criterios técnicos y científicos pero nosotros hemos pedido cuáles son y aún estamos esperando respuesta. Al final, no es más que un reparto político porque la mayoría de comunidades que han aprobado el plan están gobernadas por el PP y eso nos lleva a pensar en una interconexión entre el resto de regiones interesadas. Es la política del agua para todos. Para Valencia, para Murcia, la semilla de un proceso especulativo donde al PP le interesa tejer negocios con fines lucrativos y urbanísticos. Limitando el caudal y creando reservas de agua a través de concesiones e intercambios". Como ocurriera antaño, la palabra insolidaridad ha sido utilizada por algunas comunidades como arma arrojadiza contra esta plataforma. Martínez Gil aplica la misma lógica a la hora de definir los motivos por los que este plan se parece tanto al de 2001. "Han variado el lenguaje, es cierto. No se habla directamente de trasvases. Pero detrás planea la misma idea: llevar el agua de los ríos al litoral para asegurar nuevas infraestructuras y negocios. Se pensarán que pueden convertirlo en una California Europea".

"Es un proceso especulativo donde al PP le interesa tejer negocios"Pero estas acusaciones de insolidaridad que promueven las regiones protrasvasistas no preocupan lo más mínimo a Tomàs, que construye su particular teoría: "Las comunidades autónomas que quieren el reparto del agua han sobrexplotado, dañado y dilapidado sus propios recursos. En lugar de hacer políticas de recuperación, huyen de su mala gestión y generan objetivos externos para producir réditos electorales por un lado y abrir un campo de negocio a principales beneficiarios de la política hidráulica como las constructoras, las hidroeléctricas y las entidades bancarias encargadas de financiar estos proyectos. Lo que están haciendo es representar a holdings económicos dañando un bien público". Entonces, ¿por qué solo alza la voz la comunidad del Delta del Ebro? Desde la PDE no dudan de que cuando se sucedan nuevos acontecimientos la corriente crítica crecerá como hace 13 años. "No estamos solos. Mantenemos todas las alianzas del 2001. Lo que pasa es que aún no hay consciencia de lo que se ha aprobado río arriba. Pero cuando el plan del Ministerio queme nuevas etapas [el debate del Pacto Nacional del Agua primero y la revisión del PHN después, previstos para finales de año] estoy convencido que desde la cuenca habrá una oposición bastante fuerte. Los parámetros de movilización serán similares o superiores a los de 2001", apunta el portavoz.

Si bien la PDE no tiene la fuerza transversal de antaño, en esta ocasión sí cuenta con el apoyo del Govern y la amplia mayoría del Parlament. Y es que no hay que olvidar que en 2008 la plataforma ya se manifestó en Barcelona contra el tripartito por un decreto rubricado por la izquierda catalana que pretendía abastecer Barcelona con agua del Ebro en una época de profunda sequía. "Esta vez nos encontramos ante algo histórico, tenemos aliados que nunca hemos tenido. Agradecemos el apoyo pero si algo hemos aprendido en estos últimos años es que no vamos a delegar nuestro trabajo. Como movimiento social no nos casaremos con nadie", asegura Tomàs. Tanto Joan Herrera (ICV-EUiA) como Oriol Junqueras (ERC) ya se han reunido con la PDE a petición de ambos y a lo largo de los próximos días están previstas citas similares con la CUP y el PSC.

"Si no logramos modificar este plan lo que quedará herido de muerte es el futuro del Delta" Todas estas formaciones participarán en la manifestación que la plataforma ha convocado para el próximo 30 de marzo en el Delta, la primera gran prueba de fuego para calibrar el grado de sensibilización social. "No podemos prever la participación ciudadana pero en las tierras del Ebro la gente está muy volcada. Si no logramos modificar este plan lo que quedará herido de muerte es el futuro socioeconómico de una zona muy importante de Catalunya. Por eso el problema de la gestión de ríos no es de ideología política. Es un problema de modelo territorial, sensibilidad medioambiental y de país", señala. Para Martínez Gil, la postura de la Generalitat respecto a este plan sí desprende cierto oportunismo: "El Govern está del lado del Delta cuando le interesa porque las Tierras del Ebro han sido marginadas sistemáticamente dentro de Catalunya. Sangrías del río, nucleares, si a CIU le interesara hacer un negocio estoy convencido de que aparcaría su postura actual".

El temor de que los ríos desaparezcan y se conviertan en cañerías dominadas por unos pocos ha reaparecido en el Delta del Ebro, que cuenta con el parque natural más importante de Catalunya y más de 300 kilómetros de arrozales y lagunas. Con el apoyo del Govern, la PDE ya planifica la batalla jurídica contra el plan con un contencioso al Tribunal Supremo y en los próximos días también se empezará a trabajar en la queja a la Comisión Europea. "Veremos si Europa tiene capacidad o no de prevalecer sus normativas sobre los intereses mezquinos del PP", sentencia Tomàs. En un tono más escéptico se manifiesta Martínez Gil. "Bruselas tampoco es el consejo de Dios. Y puede ceder a ciertos intereses. Como máximo puede retrasar el plan, exigir mayor claridad o ignorar ayudas económicas", concluye el catedrático, profundamente desencantado con lo que, a su juicio, ya es una lucha perdida: "La privatización de los ríos es imparable".