Rechazan de nuevo reabrir la causa principal del 11-M y realizar nuevas pruebas sobre los explosivos

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que la semana pasada abrió un nuevo sumario sobre el 11-M contra siete acusados de ayudar a huir a varios de los autores de los atentados, ha denegado una nueva petición de varias víctimas de la masacre para reabrir la causa principal, que fue juzgada en 2007.

Así lo ha acordado hoy el magistrado en un auto en el que rechaza la petición formulada por el ex vicepresidente de la AVT Gabriel Moris y Pilar Crespo (padres de un fallecido en el 11-M) para que se reabriera el sumario principal y se realizaran nuevas diligencias basadas, según su escrito, en la ocultación de restos de las explosiones al tribunal que juzgó los atentados.

En noviembre de 2008, el juez Pablo Ruz ya rechazó reabrir la causa principal, así como realizar nuevas pruebas de explosivos porque ya fueron practicadas en el juicio, además de por "resultar inútiles, dilatorias y perjudiciales" para la instrucción.

Para Velasco, "por mucha que sea la insatisfacción e impotencia que el resultado aislado de alguna diligencia probatoria suscite en alguna de las partes procesales", no se puede practicar cualquier prueba "en cualquier orden y en cualquier momento", ni se puede practicar siempre la misma prueba hasta llegar a que "por fin satisfaga los intereses de alguna de las partes".

La semana pasada Velasco abrió un nuevo sumario, desglosado de la pieza principal, en la que imputaba un presunto delito de colaboración e integración con organización terrorista a Zohair Khadiri (que se encuentra en prisión provisional), Djilali Boussiri, Taha Seghrouchni, Nassreddine Ben Laidne Amri, Hammad Lahsini, Abdelkrim Lebchina y Abdelaziz El Merabit (todos ellos en libertad).

De estos siete acusados, cinco ya estaban en las diligencias que se mantenían abiertas sobre los atentados en el Juzgado Central de Instrucción número 6 después de que la causa principal fuera juzgada en 2007, mientras que Hammad Lahsini y Abdelaziz El Merabit no figuraban en ninguna de las diligencias.

Por ello, Velasco ha dictado otro auto en el que solicita a la Comisaría General de Información que haga las gestiones oportunas "en orden a la identificación completa, localización y paradero actual" de Lahsini y El Merabit, que, según fuentes jurídicas, podrían estar en Bélgica y en Marruecos, respectivamente.

Reclama además a la Policía que indique si hay algún resultado incriminatorio en los efectos y documentos informáticos ocupados a los otros cinco, así como que haga las gestiones necesarias para localizar a Reda Harti, que coincidió en distintas cárceles con Mohamed Belhadj -presuntamente huido del piso de Leganés y que desde mayo se encuentra preso en Marruecos-.

Pretende el juez, según el auto, que Harti explique lo que Belhadj le contó sobre su participación en el 11-M y las personas que le ayudaron después.

En su nueva resolución, Velasco también quiere que las fuerzas de seguridad comprueben si es cierta la declaración prestada por El Merabit en relación con el extremo de que había enviado dinero a Mohamed Belhadj, que presuntamente se dio a la fuga del piso de Leganés y que desde mayo se encuentra preso en Marruecos.

También deberán averiguar si es cierto que entrenó en un "campamento proyihadista" en Turquía con Farid Chebira, encarcelado actualmente en Argelia y que supuestamente ayudó a Mohamed Afalah (huido del 11-M y que supuestamente falleció en un atentado suicida en Irak) durante su estancia en Turquía.

La Policía deberá informar también al juez sobre la posible vinculación de Khadiri con la célula que ayudó a escapar de España a los huidos del 11-M, los miembros de la denominada "red Tigris", cuyo centro neurálgico estaba en un piso de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), que era llamada la "Fortaleza de los Guerreros".

El juez interesa también que se tome declaración policial a la mujer de otro de los huidos de la masacre, Daoud Ouhnane.

Además de estas peticiones, Velasco quiere que le hagan llegar informes sobre las vidas laborales, ingresos y sustentos de los siete imputados entre 2003 y 2006, para comprobar si con esos medios se justifican los envíos de dinero que hayan podido realizar.