El recorte de cotizaciones se aparca para no crispar la negociación social

"Ha sido mayor el ruido que las nueces". Así resumía ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, el desencuentro que patronal y sindicatos tuvieron hace ya dos semanas a cuenta de la salida de tono de los empresarios que llevaron a la mesa del Diálogo Social peticiones fuera de agenda. Viendo los resultados de las últimas reuniones (dos ya) celebradas tras aquel enfrentamiento, parece que se confirma que el choque entre los agentes sociales se ha atemperado.

El Gobierno presentó ayer a patronal y sindicatos una propuesta muy similar a la que ya estaban debatiendo, pero con algunas modificaciones. Sin embargo, más que las nuevas correcciones llama la atención la omisión que hace el texto sobre el tema más polémico: el recorte de las cuotas de la Seguridad Social a losempresarios.

"Pendiente" en el borrador

La oferta inicial del Ejecutivo pivotaba sobre una rebaja de 0,5 puntos de las cotizaciones sociales frente a los dos puntos que solicitaban los empresarios (y que en la frustrada reunión se elevó hasta cinco puntos). Los sindicatos, en especial CCOO, ya advirtieron de que se opondrán frontalmente a cualquier rebaja de las cotizaciones por encima de la oferta de los 0,5 puntos y Moncloa ha decidido resolver la situación al sustituir el epígrafe por la palabra "pendiente", evitando así de momento la crispación de la negociación y la presumible reacción en contra de los sindicatos.

Los sindicatos ya advirtieron de que se opondrán frontalmente a cualquier rebaja de las cotizaciones

La reunión que duró algo menos de tres horas finalizó sin hablar del polémico recorte y el Gobierno emplazó a sindicatos y patronal a contactos bilaterales para discutir el tema. Por lo pronto, hay otra reunión tripartita el próximo jueves y fuentes sindicales tildaron esta última de "positiva" por el "buen clima" y las mejoras del documento.

En el texto también se matiza la ayuda de 420 euros que el Gobierno dará a los parados que hayan perdido el derecho a la prestación contributiva. En el documento original, el Gobierno limita el periodo a seis meses, una medida considerada como "muy insuficiente" por los sindicatos. En la nueva redacción, el Gobierno se abre a la posibilidad de que el programa se prorrogue otros seis meses, pero, especifica, según evolucione la actividad económica. Los sindicatos han expresado su disconformidad con este condicional y continúan reclamando una ayuda de un año de duración.

Otros puntos calientes, como la reforma del absentismo o la liberalización de las ETT se han vuelto a redactar de forma que el Gobierno retrasa decisiones inminentes y se compromete a llevarlas al consenso con los agentes sociales.