Las tres acusaciones particulares han recurrido la absolución de "El Mundo" por publicar un presunto espionaje en las cajas de ahorro porque los periodistas debieron demostrar en el juicio la veracidad de que los seguimientos fueron ordenados por el presidente de la Junta y otros líderes socialistas.

En sus recursos, a los que ha tenido acceso Efe, las acusaciones particulares emiten duras críticas contra la sentencia del juez de lo penal 3 de Sevilla, de la que dicen que está hecha "desde la más pura irracionalidad y arbitrariedad", que ha puesto a los denunciantes ante "pruebas diabólicas", que contiene "errores mayúsculos", "auténticos disparates" y que el juez parece "sumido en un mar de dudas"

Los letrados que acusaron en nombre de los dirigentes del PSOE Manuel Chaves y Luis Pizarro, del ex jefe de escoltas de la Junta Juan Escámez y de Miguel Ángel Pino, ex presidente de la Comisión de Control de la caja San Fernando, han pedido además a la Audiencia de Sevilla que reclame a la Delegación del Gobierno en Andalucía la tercera copia del vídeo con la presunta confesión del "espía", que fue entregada en 2001 por el entonces presidente de la caja Juan Manuel López Benjumea y acusado en este caso.

La petición de que dicha grabación sea reclamada y oída de nuevo en la Audiencia se produce tras conocerse, durante la celebración del juicio en noviembre pasado, que las cintas entregadas por Benjumea y la que sirvió de base a la información de "El Mundo" habían sido robadas en 2005 de la caja fuerte del juzgado instructor.

Alfonso Martínez del Hoyo, letrado de los dirigentes del PSOE Manuel Chaves y Luis Pizarro, dice en su recurso que, en contra de lo afirmado por la sentencia, el director de "El Mundo" en Andalucía Francisco Rosell y el redactor Javier Caraballo no hicieron el "reportaje neutral" que acepta el Tribunal Supremo cuando el periodista recoge declaraciones públicas de terceras personas, aunque sean injuriosas.

Dado que el presunto "espía" Antonio Castellano negó en el juicio haber pronunciado la frase "Entre Chaves, Pizarro y Pino me han ordenado seguir a Benjumea", dice Martínez del Hoyo que nos encontramos ante "una manifestación de la que nadie se responsabiliza", por lo que "el medio tiene que acreditar, no que Castellano dijo lo publicado, sino lo publicado en sí".

El recurso también rechaza que los periodistas actuaran con la "diligencia exigible" para contrastar la noticia, y por el contrario cree que "conculcaron nítidamente sus deberes profesionales" pues sólo publicaron un desmentido de Pizarro y "prescindieron deliberadamente de cuatro de las cinco fuentes" que podrían haber consultado, al ser citadas en la información.

Respecto a Benjumea, los letrados de la acusación lo consideran "el gran muñidor" de la injuria "pese a que sobradamente le constaba la falsedad" del espionaje y Miguel Cuéllar, letrado de Pino, afirma que lo único que pretendía era "perpetuarse en el poder" tras su "enfrentamiento directo y continuado" con la Junta cuando se estaban renovando los cargos en las cajas de ahorro andaluzas.

También piden la condena del cuarto procesado, el detective Joaquín Corpas, contratado por Benjumea para averiguar si le estaban siguiendo y que grabó el vídeo, del que Cuéllar destaca que "ni siquiera tiene licencia de detective" y Martínez del Hoyo manifiesta que "las grandes sumas de dinero que recibió por un trabajo cuyo coste era notoriamente inferior" es "perfectamente entendible como un pago por la realización de actuaciones ilícitas o a cambio de su silencio".