Red Roja dice que un detenido por el caso Publio Cordón no es del GRAPO

La organización izquierdista Red Roja ha desmentido que su militante Vicente Sarasa, detenido el martes en Cádiz por su supuesta relación con el secuestro del empresario aragonés Publio Cordón, pertenecería a los Grupos Revolucionarios Armados Primero de Octubre (GRAPO), aunque estuvo afiliado en su día al PCE(R), motivo por el cual cumplió condena en su día.

Sarasa fue detenido durante la misma jornada que se produjo la detención de Manuela Ontanilla y de José Antonio Ramón Teijelo, también relacionados con este mismo caso y que aunque tenían residencia oficial en Francia se encontraban en ese momento en la localidad sevillana de Arahal, en donde la Guardia Civil les localizó y detuvo hasta su traslado a Madrid. Teijelo figura como arrendatario del chalet de Lyon en donde se han encontrado evidencias "definitivas" de que permaneció secuestrado Publio Cordón hasta lo que parece ser su muerte accidental cuando trataba de huir de la vivienda.

Aunque aún se desconocen los cargos que pesan sobre Vicente Sarasa, Red Roja asegura en un comunicado que no guarda relación alguna con prácticas terroristas: "Vicente es militante de Red Roja en Cádiz desde su fundación, y podemos asegurar que su importante actividad, tanto en nuestra organización como en los movimientos populares, se ha venido desarrollando exclusivamente en ámbitos políticos y sociales. Vicente fue militante del PCE-r, no de los GRAPO, y ya fue represaliado por ello, y por posesión de documentación falsa".

Tras su regreso a Cádiz, hace cinco años, Sarasa se ha sumado a diversas movilizaciones sociales y obreras en dicha ciudad, desde las manifestaciones en apoyo a los trabajadores de Delphi tras el cierre patronal de la factoría, o las que siguieron al 15-M. También ha impartido clases gratuitas en la asociación de vecinos del barrio de San Severiano, donde reside y en donde, en el momento de su detención, se preparaba para viajar de vacaciones al Pirineo.

Red Roja es una organización marxista-leninista, escindida de Corriente Roja en 2011, cuando esta formación asumió postulados trotskistas, tras haber nacido en el seno de Izquierda Unida bajo el liderazgo de Ángeles Maestro. Red Roja entiende que la sospecha sobre Sarasa carece de fundamento alguno, "como se demostrará", y que se trata de un intento de criminalizar a las organizaciones de la izquierda radical. Otra organización de ese mismo ámbito, Izquierda Anticapitalista, confirma su filiación a Red Roja: "Había vuelto a Cádiz después de muchos años, y aquí se ha rencontrado con amigos y ha hecho nuevos compañeros de viaje. Estaba rehaciendo su vida y recomponiendo su compromiso, en un país en el que el ataque a los y las trabajadoras no cesa por parte de una minoría. ¿Por qué ahora esta acusación después de tantos años? ¿Después de sabida su separación con lo que queda de su antigua organización?", se pregunta esta formación respecto a su antigua militancia en el PCE(R), el instrumento político que históricamente se asoció a los GRAPO.

Una cortina de humo para tapar las grandes movilizaciones contra los recortes

Ambas organizaciones dan a entender que su detención supondría una cortina de humo en relación con los recortes económicos y la histórica manifestación vivida el pasado jueves, justo el día en que trascendió su captura. El escepticismo en Cádiz, tras su detención, no sólo se explica por el actual perfil biográfico de Sarasa sino por la redada que siguió en su día también en la capital gaditana al secuestro de Publico Cordón. Corría el 5 de noviembre de 1995 y se detuvo en la capital gaditana a ocho personas supuestamente relacionadas con los GRAPO y que terminaron siendo puestas en libertad sin cargos. Algunos de ellos, eran militantes del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, que vivió un gran proceso de tensión interna entre el grupo de Nueva Izquierda, que prefirió esperar a las conclusiones de la investigación antes de aventurar la inocencia de los detenidos, y el resto de la coalición que cerró filas con sus militantes, hasta que no se demostrara su culpabilidad plena, un supuesto que nunca llegó a ocurrir.

Aquella redada en Cádiz se produjo a partir de la detención en Valencia de José Ortín, que sí fue condenado como autor del secuestro y que falleció en la cárcel de Alicante, de un infarto fulminante en 2009, mientras mantenía un vis a vis con sus familiares. Hasta ahora, las sentencias condenatorias en relación a dicho caso se extendían a Enrique Cuadra Echeandía, a Concepción González y al "arrepetido" Fernando Silva, que un mes antes de la muerte de Ortín rebeló el supuesto lugar donde se encontraban los restos de Publio Cordón; por cierto, en el sureste francés, en la zona de Mont Ventoux en La Provenza y a no menos de 250 kilómetros de la vivienda de Lyon donde ahora parece que estuvo detenido. Hoy, una nueva imputación de Silva permitió inculpar en este secuestro a la que fuera su paraje sentimental, María Victoria Gómez Méndez, alias "Vi", que se encontraba recluida en la prisión de Cáceres por su vinculación a los GRAPO y a la que ahora se relaciona con el cobro de 400 millones de pesetas del rescate por la vida de Publio Cordón, cuyos restos siguen sin aparecer. Se da la circunstancia de que esta serie de nuevas detenciones se producen apenas un mes más tarde de que, el pasado 8 de junio, un juzgado de Zaragoza declarase oficialmente fallecido a Publio Cordón, aunque quien fuera su esposa, Pilar Muro, ya contaba con el reconocimiento legal de viudedad desde 2055, a los diez años de la desaparición de su marido.

A la detención de aquellos ocho sospechosos de Cádiz, cinco de los cuales fueron puestos inmediatamente en libertad, también se le dio amplia publicidad, trascendiendo a los medios de comunicación no sólo su identidad sino incluso datos relativos a su domicilio, en un intento de criminalización que terminó volviéndose en contra del aparato policial que fue denunciado por alguno de los detenidos, aunque tampoco su demanda llegó a buen puerto. La reclamación de disculpas oficiales que formuló el Partido Comunista de España por este asunto tampoco fue atendida jamás. De entre todos los detenidos en la capital gaditana, el profesor Francisco Bustamante, la estudiante María José Gómez de la Calzada y José Miguel Álvarez Crespo, militante de Izquierda Unida, sufrieron un mayor periodo de detención aunque finalmente terminaron siendo liberados sin ningún cargo en contra.

Tampoco se supo nunca qué grado de implicación supuestamente se les imputaba, ni a ellos ni a otros apresados en Valencia o Barcelona y que fueron igualmente puestos en libertad: Francisco Núñez Sánchez, Juan Valverde Martínez, Antonia Llobregat Moreno, y Fernando Gallardo Fernández. La Audiencia Nacional, entonces, sólo decidió mantener encarcelado durante cierto tiempo a Pedro Manuel Pérez Prieto, bajo una sorprendente vinculación con dicha organización: había reconocido que arregló un mando a distancia electrónico por encargo de Cuadra Echeandía, cuya relación con los GRAPO al parecer ya conocía. En aquel momento, la Policía buscaba a Fernando Silva, que no sería detenido hasta mucho después, iniciando una larga serie de delaciones, algunas de las cuales --como las que pesaron sobre el abogado Juan Manuel Olarrieta-- no pudieron ser sustanciadas.