El redactor del Plan de Ordenación Urbana dice que hubo reuniones con Ortiz a petición de la alcaldesa

El redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, Jesús Quesada, ha admitido que tuvo dos reuniones con el constructor Enrique Ortiz a petición de la actual alcaldesa, Sonia Castedo (PP), aunque ha aclarado que no dio información privilegiada ni recibió contraprestación alguna.

El arquitecto redactor ha sido el primero de los imputados en la rama del caso Brugal que investiga supuestas ilegalidades en el diseño del PGOU alicantino que ha comparecido ante el juez de instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, y su declaración se ha prolongado durante cerca de dos horas y media.

Quesada, que ha evitado contestar a las preguntas de los periodistas a la salida de los juzgados "por respeto a la Justicia", sí ha relatado al juez que una de las reuniones con Ortiz fue en la empresa de éste último, el grupo Cívica, y que allí se trató la situación urbanística del emplazamiento que ocupa el estadio de fútbol Rico Pérez, propiedad de una firma de Ortiz.

Según los abogados de las acusaciones populares, del PSPV-PSOE y EU, la otra reunión se celebró en la Gerencia municipal de Urbanismo con la asistencia de Castedo (entonces concejala de Urbanismo) y, en esa cita, se trataron temas urbanísticos de interés general.

Quesada ha mantenido que a esos encuentros acudió a petición de Castedo y que se enmarcan dentro de la normalidad en la elaboración de un PGOU, puesto que Ortiz es un actor interesado en el diseño urbanístico de la ciudad como propietario de parte del suelo.

Uno de los abogados de otra de las partes implicadas ha apuntado que el redactor del PGOU ha negado que facilitara ficha alguna o plano al constructor, y ha agregado que, al igual que con Ortiz, durante la elaboración del documento se tuvieron reuniones con otros afectados por el planeamiento urbanístico.

Además, Quesada ha sostenido que en el transcurso de esos encuentros no fue objeto de presiones y que tampoco ha recibido ninguna contraprestación o dádiva por parte del constructor.

El redactor del PGOU ha rechazado responder a las cuestiones que le querían plantear las acusaciones populares con el argumento de que tenían un supuesto interés político.

También ha rechazado las preguntas del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, sobre el contenido de las escuchas policiales del caso Brugal por estar las mismas "en cuestión", en referencia al auto recurrido del juez de Orihuela Carlos San Martín que anula parte de las intervenciones telefónicas.

Para el abogado de EU, José Luis Romero, Quesada no ha ofrecido "explicaciones convincentes" y "apenas" ha contestado a las cuestiones de interés sobre las supuestas ilegalidades en la redacción del PGOU.

En cambio, la mayor parte de su intervención ha sido "un máster acelerado en urbanismo" con el que, ha continuado irónicamente, los presentes han "aprendido mucho" sobre esta cuestión aunque tenía "poco interés" en torno a los hechos que se investigan.

Uno de los datos que ha aportado el relato de Quesada es que uno de los abogados investigados de la consultoría Salvetti, concretamente Javier Gutiérrez (al que el fiscal cree intermediario entre el ayuntamiento y Ortiz) era colaborador externo del equipo redactor del PGOU.

Como novedad desde el punto de vista de la tramitación judicial, la comparecencia de Quesada ha sido grabada, lo que ha provocado que las partes no pudieran marcharse con una copia en papel de lo declarado, como suele ser habitual.

Las comparecencias continuarán el próximo lunes, 4 de julio, con la de Enrique Ortiz, mientras que el 5 declarará su mujer, María Manuela Carratalá, que en sumario judicial aparece reiteradamente como "Maleles" y que habría participado en las irregularidades como intermediaria.