España necesita buscar con urgencia tres soluciones: un tratamiento contra el desbocado desempleo, un pulmón contra la asfixia a la que los bancos han sometido a las pequeñas y medianas empresas y paliativos contra las situaciones límite de un número creciente de ciudadanos. El Gobierno quiere actuar por la vía de urgencia, utilizando medidas que parecen difícilmente discutibles como el fomento de la rehabilitación de viviendas, que puede devolver a la vida activa al menos a una parte de los parados del sector de la construcción, y dando créditos directos a las pymes a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Pero antes de aprobar las medidas más urgentes por real decreto, es decir, sin pasar previamente por la negociación parlamentaria, el Ejecutivo prefiere tener por escrito la conformidad de los partidos políticos. Al menos, de todos los que sea posible. El resto, desde que ayer recibió de manos del Ministerio de Economía el documento con las citadas medidas, sabe que, si el próximo lunes no sale en la foto del acuerdo, estará dando como poco la sensación pública de quedarse quieto con las medicinas en la mano mirando sufrir al paciente.

Se pretende que el ICO empiece a dar préstamos antes del 15 de junio

Los focos ya están encendidos sobre la zona del documento destinada a la firma del Partido Popular. ¿Firmará? El Gobierno espera que sí, "que el PP pueda sumarse a este acuerdo", declaró ayer la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en la presentación pública de la propuesta.

Entre las medidas, alrededor de la mitad procede del borrador inicial que el Gobierno facilitó a los partidos políticos el pasado 1 de marzo. Sin embargo, la otra mitad ha ido adhiriéndose al listado conforme este rodaba de reunión bilateral en reunión bilateral, sobre todo tras los encuentros con CiU, Coalición Canaria e ICV, lo que da idea de dónde tiene el Gobierno garantizado el nivel suficiente de consenso.

Entre las medidas incorporadas se incluye la ampliación "del límite máximo del coste de materiales hasta el 30% del precio" total de las "obras de mejora de vivienda", a las que además se les reducirá "el IVA" en todos los casos. En el documento inicial sólo estaba previsto para rehabilitación.

Se eleva el umbral del sueldo contra embargos hipotecarios

También se ha incluido como novedad la aplicación del IVA reducido a los servicios de atención a la dependencia prestados por entidades con ánimo de lucro siempre que sea para plazas concertadas.

Con la misma intención de implantar un nuevo pulmón a las pymes, se quiere cambiar la normativa para que las administraciones públicas puedan seguir contratando y subvencionando empresas que estén en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).

También será más sencillo y rápido para las empresas (seis meses en lugar de 12) recuperar el IVA "en caso de impago de facturas". Asimismo, se prorroga hasta finales de 2012 la libertad de amortización si se mantiene el empleo y hasta finales de 2010 la norma transitoria que permite no contabilizar durante dos años las pérdidas por inmovilizado cuando al hacerlo la empresa entre en causa de disolución.

Se permitirá recuperar el IVA de facturas impagadas en seis meses

Se prorroga por otra parte hasta finales de 2012 la libertad para amortizar las nuevas inversiones efectuadas por las empresas siempre y cuando se cumpla la condición de mantener el empleo.

Por otro lado, se eximirá de tributación en el IRPF las cantidades que las empresas destinen a desplazamientos del trabajador al centro de trabajo en transporte público hasta un límite de 1.500 euros anuales, una medida con tintes además ecológicos.

Asimismo, de cara al ciudadano que está sufriendo los peores efectos de la crisis, se elevará el umbral de ingresos que no pueden ser embargados por las entidades financieras en los casos en que, tras ser ejecutada la hipoteca, el banco considere que el ciudadano aún tiene una deuda pendiente que debe cubrir con sus ingresos. Aunque no está definida la cantidad, Salgado apuntó ayer que podrían blindarse ingresos equivalentes al 20% del salario mínimo interprofesional por cada persona a cargo de quien sea objeto del embargo.

Y para inmobiliarias y bancos, se mantiene este año la posibilidad de no actualizar en las cuentas el valor del suelo urbanizable.

Una de las medidas estrella del documento original es el comienzo de la concesión directa de créditos a pymes por parte del ICO para sustituir la función que no está cumpliendo la banca privada. Se pretende que inicie esta actividad "con fecha efectiva anterior al 15 de junio". El ICO asumirá el 100% del riesgo y concederá créditos por un máximo de 200.000 euros. Como no cumple algunas de las características necesarias de un banco comercial, se van a dar los pasos para solventarlo. Por ejemplo, se quiere que "eleve los topes de riesgo que asume hasta los niveles medios de las entidades de crédito (privadas)".

Tampoco tiene oficinas, por lo que, para que sea factible cumplir con la fecha fijada, se pretenden "reducir los plazos y trámites" de selección y contratación de las entidades que van a servir de ventanilla para instrumentar los créditos". Ya no se habla ni de una sola entidad, como sí hacía el documento original del Gobierno habría supuesto un chorro de clientes hacia la entidad adjudicataria ni de adjudicar el servicio por concurso.