Los militares uruguayos y quienes requirieron sus servicios durante la represión de los años de la dictadura (1973-1985) podrán seguir viviendo con tranquilidad. A pesar de que la Corte Suprema declaró hace unos días la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, que impidió que los responsables de los crímenes de la dictadura fueran juzgados, los electores uruguayos rechazaron en el referéndum del domingo la derogación definitiva de esa ley de punto final.

Según los resultados definitivos, un 47% de los votantes se manifestó el domingo a favor de terminar con la vigencia de la ley. Pero casi el 53% se pronunció por su continuidad. El porcentaje de los que votaron contra la impunidad coincide con el de los ciudadanos que votaron por José Pepe Mujica para presidente. El candidato del Frente Amplio ganó, pero tendrá que ir a una segunda vuelta el 29 de noviembre, pues no superó el 50% de los sufragios más un voto.

Lo primero que revelan los resultados del plebiscito sobre la Ley de Caducidad es que no se ha logrado superar la división del país. La ley, aprobada por el Parlamento en 1986, fue ratificada por voto popular en 1989, tras una denodada campaña en contra de los organismos de derechos humanos y de los partidos de izquierda, que lograron la convocatoria de un plebiscito ese año.

Merced al voto del interior del país, la ley fue ratificada por un escaso margen de menos de tres puntos porcentuales. La capital, Montevideo, votó ampliamente a favor de su derogación, pero no fue suficiente para revertir el peso del resto del país, rural y políticamente volcado hacia los tradicionales partidos Colorado y Blanco.

En aquellos años, los primeros de la democracia surgida tras el fin de la dictadura en 1985, pesaba mucho el recuerdo reciente del terror que asoló Uruguay durante 12 años. También pesaba el conservadurismo tradicional no sólo del interior rural del país, sino también de un grueso sector de las clases medias urbanas, en particular de la capital.

El avance de la conciencia democrática y el retroceso de los partidos tradicionales hicieron posible el triunfo del izquierdista Frente Amplio en 2005, así como la actual victoria de Mujica, un ex guerrillero que pasó 14 años en cárceles de la dictadura y que previsiblemente se convertirá en presidente de Uruguay tras la segunda vuelta.

Sin embargo, el hecho de que más del 52% del país persista en rechazar que se haga justicia a las víctimas, indica que la sociedad uruguaya aún deberá evolucionar mucho para liberarse del yugo de un pasado tenebroso.