La reforma laboral estará lista en dos semanas

El presidente del Gobierno puso ayer el tope definitivo a la negociación sobre la reforma laboral. Con acuerdo o sin él, el Consejo de Ministros aprobará el día 16 un decreto ley "que va a afectar a aspectos esenciales de nuestro mercado de trabajo", según anunció José Luis Rodríguez Zapatero durante una comparecencia conjunta con el primer ministro de Pakistán.

Zapatero aseguró que el Gobierno "tiene ya perfilado el contenido" de ese decreto ley, aunque posteriormente fuentes gubernamentales matizaron que no existe un texto, sino únicamente "los materiales" que se han ido acumulando durante el proceso negociador.

La generalización del contrato de 33 días de despido será la base del decreto

A juicio de Zapatero, el momento "es especialmente oportuno" para acometer esta reforma porque existen datos "esperanzadores" de que la economía "quiere crecer". Pero no ocultó que el acuerdo entre sindicatos y empresarios "no está nada fácil", lo que abona la previsión de que el Ejecutivo tendrá que llevar al Parlamento su propia propuesta.

Los sindicatos no se tomaron bien el ultimátum del Gobierno ya que, recordaron, aún está abierto el proceso de negociación y un "aviso" como el de ayer "desincentiva" a los interlocutores para cerrar un pacto. Precisamente, ayer por la tarde se mantuvo la que pudo ser la penúltima reunión en el proceso de Diálogo Social.

Los agentes sociales se encontraron a última hora de la tarde para escuchar la postura del Gobierno sobre el tipo de reforma que va a poner en práctica. Después de varias semanas con un papel de observador, patronal y sindicatos pidieron al Ejecutivo que comience a mostrar sus cartas para saber el tipo de reforma que se decretará el 16.

Los sindicatos creen que es un «subterfugio» para abaratar el despido

Por lo pronto, la intención del Ejecutivo es hacer una reforma "ambiciosa", que "introducirá cambios significativos" en el mercado laboral, según fuentes gubernamentales presentes en la negociación. Zapatero dijo que la reforma es necesaria para dar señales de calma y confianza a los mercados. El proyecto se centrará en fomentar la contratación indefinida y en hacer menos atractiva la contratación temporal. Para instrumentar este cambio, el Gobierno se va a valer de una herramienta que ya existe desde 2006: el contrato de fomento del empleo con una indemnización de 33 días. La intención del Ejecutivo es que este contrato se indemnice sólo con 33 y 20 días (ahora puede llegar a 45 en caso de improcedente disciplinarios), un cambio que los sindicatos entienden un "subterfugio" para abaratar el despido.

Además, el Gobierno apuesta por la universalización del modelo, ya que ahora los hombres de entre 30 y 45 años que lleven menos de seis meses en el desempleo no pueden acceder a él. Con estos nuevos matices, sería probable que la mayoría de los nuevos contratos que se realizaran fueran indefinidos de 33 días. Según apuntan fuentes sindicales, un cambio de esta naturaleza conducirá probablemente a una huelga general.

Al mismo tiempo, el Gobierno estudia iniciativas destinadas a la penalización del uso del contrato temporal. El Ejecutivo estudia desincentivarlo mediante una subida de cuotas empresariales, como la del desempleo, a lo que se opone la patronal. También se perseguirá el encadenamiento de contratos temporales y se prohibirán en ciertos supuestos los de obra y servicio.

Se penalizará el uso de contratos temporales frente a los indefinidos

Aunque el equipo técnico del Ejecutivo (Trabajo, Economía y la Oficina Económica de Moncloa) están aún ultimando los detalles, la intención del Gobierno es adaptar también el modelo austriaco a España. En Austria, cada trabajador acumula a título personal una indemnización por despido que puede cobrar o no, según le interese, en el momento de abandonar la empresa.

Asimismo, el Gobierno reducirá la gama de bonificaciones y las centrará en los jóvenes para dar forma a un plan de empleo juvenil además de agilizar los ERE de reducción de jornada.