El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde al Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que incluye recomendaciones de varias instituciones, como el Consejo de Estado, cuyo dictamen dejó mal parado el borrador por limitar el acceso de los internos a la asistencia sanitaria, entre otras críticas.

Además de recibir atención médica, también tendrán derecho a un intérprete, a recibir visitas y a comunicarse libremente con su abogado y con el consulado de su país. La nueva norma también permite, previa acreditación, el acceso de ONG a las instalaciones, donde los inmigrantes sin papeles permanecen retenidos hasta 60 días antes de ser expulsados de España. Además, prevé la participación de las organizaciones no gubernamentales mediante la suscripción de convenios o contratos para la prestación de servicios de asistencia social.

De esta manera se cubre "un vacío legal", en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que acompañó en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros al titular de Interior, Jorge Fernández Díaz. Entre las novedades, éste anunció que los centros serán vigilados por la policía, pero la asistencia corresponderá a "personal ajeno" al cuerpo armado, "como empleados públicos o personal fruto de contratos o convenios".

"Se prevé la participación de las ONG tanto en los servicios de asistencia social como en las posibles visitas a los centros y en la celebración de reuniones semestrales de seguimiento de la prestación de los servicios sanitarios, asistenciales y sociales entre miembros de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y representantes de las instituciones, entidades u organizaciones con las que se hayan suscrito convenios para la prestación de dichos servicios", según Interior.

El reglamento, que llega con casi cuatro años de retraso, también regula el derecho de los internos a formular peticiones y quejas al director del centro, así como a interponer recursos sobre el funcionamiento del CIE, que podrá ser inspeccionado por el Ministerio Fiscal. Las visitas, traslados, entradas y salidas constarán en un libro-registro, mientras que las comunicaciones de los internos con abogados no serán supervisadas por las fuerzas de seguridad.

La dotación para cubrir su coste anual, que era de 8,8 millones de euros, se incrementa en 5,5 millones, tal y como había pedido el Consejo de Estado. Tres millones para asistencia sanitaria, servicios sociales e intérpretes; y otros 2,5 millones serán destinados "a corto plazo" a equipamiento y mejora de los módulos y las zonas de ocio.

Fernández Díaz añadió que el ingreso y la estancia de los internos está bajo control judicial. Estos ya no serán un número y pasarán a llamarse por su nombre. Se descarta, en cambio, el cambio de denominación de los CIE por Centros de Estancia de Extranjeros (CECE), como reflejaba el borrador del real decreto. El Consejo de Estado lo vetó por considerar que los cambios introducidos no cambiaban la realidad de los centros.

Entre otros, el paseo de los internos se amplía de dos a cuatro horas y los que formen una unidad familiar permanecerán juntos, mientras que los que tengan una condena penal serán separados de los demás. Nunca serán separados los enfermos graves, mujeres con hijos a su cargo, embarazadas y lactantes. El plazo máximo de estancia seguirá siendo de 60 días.