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Reino Unido prohibirá las operaciones privadas de trasplante de órganos

El Gobierno quiere evitar que éstos se entreguen a pacientes extranjeros en perjuicio de los ciudadanos británicos

EUROPA PRESS

El Gobierno británico está preparando una serie de normas que prohibirán las operaciones privadas de trasplante de órganos de personas fallecidas con el fin de evitar que éstos se entreguen a pacientes extranjeros en perjuicio de los ciudadanos británicos, según informó hoy la cadena Sky News.

Esta decisión llega después de que un informe independiente asegurase que durante la pasada década se realizaron más de 700 trasplantes -- de hígado en la mayoría de los casos-- a pacientes no británicos.

En 631 casos se usaron órganos de donantes muertos y, de ellos, 314 no eran de ningún país de la Unión Europea, aunque no se sabe en cuántos trasplantes hubo dinero de por medio. Según la prensa, algunos cirujanos han cobrado hasta 20.000 libras (más de 23.000 euros) por realizar trasplantes de órganos vendidos por británicos a pacientes extranjeros.

El informe, que se elaboró después de que varios periódicos publicasen distintas historias sobre órganos de donantes del Servicio Nacional de Salud (NHS) que fueron recibidos por pacientes extranjeros, concluye que los británicos necesitan confiar en que la distribución de los órganos por parte del NHS es justa.

Elisabeth Buggins, autora del estudio y ex presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Donación de Organos, dijo que, aunque no ha encontrado 'pruebas de acciones incorrectas en la forma en que se asignan los órganos', existe 'la percepción de que los pagos privados pueden influir injustamente en el acceso a los trasplantes, por lo que deben prohibirse'.

Ante las conclusiones del informe, la secretaria de Estado de Sanidad, Ann Keen, aseguró que el Gobierno 'acepta sus recomendaiones' y que las 'llevará adelante para garantizar un sistema justo y transparente' en el que 'los pacientes y los donantes potenciales puedan confiar'.

Inglaterra buscará la aprobación de los gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte para empezar a aplicar la prohibición el próximo octubre.

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