El relator especial de la ONU visita la notoria prisión de Insein, hogar de presos políticos

El relator especial de la ONU para los derechos humanos en Birmania, Paulo Sergio Pinheiro, visitó hoy la notoria prisión de Insein, hogar de centenares de presos políticos encarcelados por la Junta Militar que gobierna el país.

Pinheiro fue observado saliendo del presidio, donde permaneció durante al menos dos horas, según los medios locales, que no dieron más detalles.

Al penal de máxima seguridad situado al norte de Rangún fueron llevados muchos de los primeros detenidos al comienzo de la represión de las últimas manifestaciones a favor de la democracia, entre ellos grupos de los monjes budistas que las encabezaron.

La organización Amnistía Internacional (AI) denuncia que más de 200 presos cumplen allí sus largas penas en condiciones infrahumanas, hacinados en minúsculas celdas, oliendo sus propios excrementos y bajo la amenaza constante de la tortura.

Antes de visitar Insein, Pinheiro mantuvo encuentros con varios altos cargos del régimen en la mayor ciudad del país tras cancelar por razones desconocidas su viaje programado a Napydaw, la nueva capital administrativa.

También tiene previsto entrevistarse hoy con representantes del alto clero budista, tras haberlo hecho ayer, día de su llegada, con el abad del monasterio de Kya Khat Waing en Bago, y de nuevo en Rangún con varios religiosos adscritos a la pagoda de Shwedagon, símbolo de las últimas manifestaciones a favor de la democracia lideradas por los bonzos.

La visita de cinco días de Pinheiro sigue a la realizada la semana pasada por el enviado especial de Naciones Unidas para Birmania, Ibrahim Gambari, quien se reunió con varios altos cargos de la Junta Militar y de la oposición liderada por la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, bajo arresto domiciliario desde 2003.

El diplomático brasileño no había sido autorizado a visitar el país desde ese mismo año, cuando interrumpió repentinamente la misión que efectuaba tras descubrir micrófonos ocultos cuando entrevistaba a presos políticos.

A principios de mes, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió a las autoridades birmanas que permitieran una visita del relator especial a fin de investigar el balance real de la represión de las marchas.

Tanto el organismo mundial como AI calculan que más de mil ciudadanos birmanos están encarcelados por motivos políticos desde antes de que las fuerzas de seguridad comenzaran el pasado 26 de septiembre a sofocar las protestas pacíficas.

Desde entonces, el régimen sólo admite diez muertos y casi 3.000 personas detenidas, de las que dice haber puesto en libertad a la gran mayoría, pero la disidencia sostiene que fallecieron 200 y más 6.000 fueron arrestadas.