El Gobierno ha remitido al Parlamento el convenio europeo sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, de 16 de mayo de 2005, y solicita que se tramite por el procedimiento de urgencia este texto, cuya firma fue autorizada por el Consejo de Ministros el pasado 23 de mayo.

Este convenio persigue como objetivo fundamental prevenir y combatir el tráfico de seres humanos en todas sus formas, tanto a nivel nacional como internacional, y se basa en el principio fundamental de la protección y promoción de los derechos de las víctimas, que serán asegurados sin discriminación de ningún tipo.

Recuerda que la trata de seres humanos es uno de los problemas más relevantes en la Europa de hoy, ya que conlleva la explotación sexual, el empleo de mano de obra para el trabajo u otros propósitos que constituyen una amenaza contra la sociedad democrática.

El texto aborda la cuestión de la prevención y la cooperación, recoge las medidas para proteger y promover los derechos de las víctimas, garantizando la igualdad de género, elabora las normas de derecho penal sustantivo, trata las normas de derecho procesal y de protección de víctimas y testigos en el proceso y dicta las normas de cooperación internacional.

Ante la eventualidad de que el Reino Unido proceda a extender al territorio de Gibraltar este convenio, y de que pudieran producirse comunicaciones con las autoridades gibraltareñas, explica que las competencias de las autoridades del Peñón son "exclusivamente internas".

Se trata de "un territorio no autónomo de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido y que está sometido a un proceso de descolonización de acuerdo con las decisiones y resoluciones pertinentes de la Asamblea General de Naciones Unidas", señala el Ejecutivo.