No funcionó. Javier Almazán tenía pocas esperanzas en que la muerte de su hermano Ángel, con 18 años, tras una manifestación cuando empezaba la Transición, en 1976, mereciera una compensación económica de las previstas en la Ley de la Memoria Histórica, pese a haber muerto "en defensa y reivindicación de los derechos y libertades fundamentales". Pero, aún así, Almazán sigue confiando en que no tiene por qué haber "muertos de tercera", como él dice, y por eso ha recurrido la denegación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La familia de Ángel recibió la semana pasada la declaración de reparación y reconocimiento personal que expide el Ministerio de Justicia. El documento declara que "Ángel Almazán padeció persecución y violencia por razones políticas e ideológicas, falleciendo el 15 de diciembre de 1976 como consecuencia de las heridas sufridas en el transcurso de una manifestación convocada en ejercicio de la libertad de expresión, que fue reprimida violentamente por la Policía, sin que los hechos fueran debidamente investigados".

Pero que todo eso se considere "acreditado" no da derecho a ninguna indemnización. "No somos niños. Eso es un diploma. Sólo falta que lo entregue el rey", asegura Javier Almazán sobre la reparación moral del Ministerio de Justicia.

En el recurso que ha presentado su abogado, Teodoro Mota, contra la denegación de la indemnización de 135.000 euros reclamada, insiste en lo que ya explicó cuando solicitó acogerse a esta reparación prevista en la Ley de Memoria Histórica.

Su argumento consiste en que la mayoría de los muertos en manifestaciones en los últimos años del franquismo y el inicio de la Transición eran jóvenes, lo que les impedía ser "la principal fuente de ingresos de la unidad familiar" y, al no cumplir ese requisito, no tienen derecho a ninguna indemnización.

El recurso señala que Ángel contribuía a la economía familiar con las 8.855 pesetas que ganaba al mes, compaginando sus estudios con su trabajo en una inmobiliaria, pese a que su padre cobraba 27.279. Para la Comisión de Evaluación no es suficiente y, sin entrar en el fondo del asunto, deniega la indemnización solicitada.

Pero esa decisión significa también negar el valor simbólico de reparación que conlleva una indemnización, a lo que se añade que "la Ley de Amnistía impide" tratar de depurar "la responsabilidad penal" de los policías "que causaron la muerte".

Javier Almazán se queja de que a ellos, " a los muertos de tercera", sea a los únicos a los que exija acreditar si eran o no los que mantenían a su familia para resarcirla.