Este año se han destinado 1.546 millones de euros a Formación Continua en España. La mayor parte (1.291 millones) procedió de la cuota de formación profesional que pagan trabajadores y empresas y que equivale al 0,7% de la masa salarial. Otros 125 millones los aporta el Fondo Social Europeo, una cantidad que tiende a desaparecer, como el resto de ayudas comunitarias. Por último, cerca de 120 millones proceden de otros ingresos, como las aportaciones de trabajadores excluidos del Régimen General de la Seguridad Social, como los autónomos. Las empresas se benefician de estos fondos por dos vías. Por un lado, 508 millones fueron a parar a la bonificación directa de compañías por facilitar formación a sus empleados. Por otro, las patronales recibieron 178 millones de fondos estatales y al menos otro tanto a nivel autonómico. En total, cerca de 400 millones.

Con los fondos estatales, la fórmula de reparto que se aplica desde este año consiste en adjudicar fondos a los diferentes sectores en función del número de afiliados a la Seguridad Social, sistema que se considera más perfeccionado que el de antes, que tomaba como referencia la Encuesta de Población Activa (EPA). Al cálculo actual se le aplican una serie de correctores para evitar que sectores como el de la construcción, que han sufrido bruscas caídas en la afiliación, se vean de repente con los fondos muy mermados para mantener los cursos de un año para otro, reconocen fuentes de la Fundación Tripartita. Para ello se ponen unos topes de reducción anual, de forma que el drenaje sea paulatino.

La construcción, el metal y el comercio reciben más de 20 millones al año

La construcción, junto con el metal, son los sectores que mayor volumen de subvenciones para formación reciben. Ambos cuentan con sendas fundaciones, en las que las agrupaciones empresariales participan junto con los sindicatos para gestionar la formación. De los fondos totales, a patronales corresponden alrededor de 20 millones por la parte de construcción y otros tantos por el metal. Este año, el metal (aunque no por mucho) ha superado a la construcción precisamente por el citado uso de las afiliaciones.

La tercera gran subvención, también por encima de los 20 millones, la recibe la Confederación Española del Comercio. Le siguen, rozando los diez millones de euros anuales, la CEOE (es decir, la estructura central de la patronal, de la que cuelgan todas las demás) y la Cepyme, la gran patronal de la pequeña y mediana empresa.

Por encima de los 7,5 millo-nes al año se sitúa la Federación Española de Hostelería (FEHR) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). Más de 3,5 millones reciben la Asociación Española de Empresas de Consultoría y la Federación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada. Por encima de tres millones se sitúan la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPTA, Asaja, la Unión de Cooperativas de Transportes y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas.

La Rioja podría perder las ayudas por no facilitar datos del reparto

La patronal agrícola COAG, uno de los grandes beneficiados con la fórmula nueva de reparto, rozó los tres millones, frente a los 2,3 millones de 2009.

Por encima de 2,5 millones de euros se situaron la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, la Federación Empresarial de la Industria Química Española, la Confederación Española de Empresarios de la Madera y la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Otras cinco agrupaciones reciben más de dos millones de euros, cinco más gestionan por encima de 1,5 millones y 12 reciben al año más de un millón.

Aunque planean dudas sobre el coste que se da a cada curso, los centros a los que cada patronal adjudica la formación o la efectividad de los cursos, en la Fundación Tripartita se vanaglorian de que el destino de los fondos estatales se justifica (con facturas en cada caso) euro por euro.

Otra cosa muy distinta son las comunidades autónomas. Con subvenciones que van desde los 193 millones para formación a desempleados y 66 para desempleados que recibe Andalucía, a los 3,4 millones y 2,6 millones respectivamente de La Rioja, el gran déficit vuelve a ser la falta de transparencia.

Algunas, como La Rioja, han recibido ya una seria advertencia por parte del Gobierno central por no facilitar un sólo dato sobre el reparto, aseguran fuentes del entorno laboral. La amenaza, además de incluir la posibilidad de no volver a recibir estos fondos, ha llegado incluso a plantear la posibilidad de exigir la devolución de ayudas de años anteriores.