Repsol denuncia a YPF en España por competencia desleal

Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite una demanda por competencia desleal presentada contra la argentina YPF por la compañía energética española Repsol. En la demanda, se alega que YPF infringe la normativa al ofrecer a terceros competidores derechos de explotación sobre las reservas de hidrocarburos no convencionales descubiertas por Repsol antes de la expropiación de su filial argentina y, especialmente, sobre el macroyacimiento de Vaca Muerta.

La petrolera española solicita además al juzgado que ordene a YPF que cese en dicha conducta por considerar que consolidaría o agravaría el impacto que la expropiación de YPF y de los activos estratégicos no convencionales ha tenido sobre el grupo español.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, decidió el pasado abril nacionalizar un 51% de la petrolera YPF, de la que Repsol tenía un 57%, desencadenando una crisis diplomática con España.

YPF anunció el mes pasado que había firmado un acuerdo con la estadounidense Chevron para estudiar la posibilidad de explorar en conjunto hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, en la Patagonia del país sudamericano. Repsol considera que la explotación de este yacimiento (que según sus estimaciones puede tener 23.000 millones de barriles equivalentes de petróleo en recursos) permitiría a un tercer competidor adquirir una posición privilegiada en el sector del petróleo y el gas, posicionándose como una de las compañías de referencia del sector de los hidrocarburos.

La demanda de Repsol, presentada a finales de junio y admitida a trámite en septiembre, es independiente de las acciones que la petrolera española ha interpuesto y pueda interponer en el futuro contra Argentina por la expropiación, dijo la fuente de la compañía. Repsol inició en mayo la batalla legal contra el Gobierno argentino acudiendo al tribunal de arbitraje internacional CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), en un proceso se presume largo y complejo y en el que podría reclamar cerca de 10.000 millones de dólares.