La Fiscalía de Guipúzcoa pide dos años de cárcel para cada una de las cuatro doctoras que atendieron a un bebé, desde el momento de su nacimiento hasta que fue dado de alta en una clínica privada de San Sebastián, y que sufrió una "parálisis cerebral infantil" que le ha dejado graves secuelas.

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que hoy ha tenido acceso Efe, las cuatro acusadas son la ginecóloga de la madre, la pediatra que se encargó del bebé tras su nacimiento y las dos médicos que hicieron las guardias los dos días que el pequeño permaneció en el centro hospitalario.

El texto del Ministerio Público precisa que el recién nacido sufrió una parálisis cerebral infantil" presuntamente "como consecuencia del comportamiento" de las procesadas durante el tiempo que estuvo bajo su control médico.

Estas dolencias han dejado al niño como secuelas una grave descoordinación motriz (ataxia), una disfunción motora (tetraparesia) también grave, así como "pérdida de capacidad intelectual" y trastornos del habla (disartria) por las que se le ha reconocido una minusvalía del 46%.

El escrito del fiscal explica que los hechos se remontan al mismo momento del nacimiento del bebé, la madrugada del 30 de septiembre de 1999, al que la ginecóloga de la madre acudió sin el historial de la paciente, en el que se recogía que el padre padece una enfermedad sanguínea hereditaria denominada "esferocitosis con esplenectomía".

El texto aclara que, al transmitirse a los descendientes, esta dolencia que afecta a los hematíes, "puede aparecer en el período neonatal" acompañada de "anemia e hiperbilirrubinemia lo bastante intensas como para exigir fototerapia o transfusiones" de sangre.

El documento de la Fiscalía indica que la ginecóloga no comunicó este antecedente medico a la pediatra ni a la comadrona que participaron en el nacimiento y tampoco transcribió "un dato tan relevante en el parte de asistencia al parto y puerperio".

El escrito también responsabiliza a la pediatra por no preguntar a la ginecóloga ni a la madre "sobre posibles antecedentes familiares" y le reprocha que consintiera que "la historia maternal y perinatal" fuera "redactada por la comadrona".

Además, según el fiscal, la pediatra "no realizó una valoración inicial antes del nacimiento y no dejó constancia escrita de su actuación durante el parto", por lo que "con sus omisiones facilitó que el relevante dato" de la enfermedad que sufría el padre "no fuera conocido y que no se practicaran más pruebas para analizar el estado físico" del bebé.

El documento detalla asimismo las presuntas negligencias de las dos doctoras que realizaron las guardias los días 1 y 2 de octubre, en los que el pequeño estuvo ingresado en la clínica, la primera de las cuales no siguió las indicaciones para que al recién nacido le fueran tomadas las constantes en cada turno, ya que hacía ruido al tomar aire y presentaba distorsiones en su frecuencia respiratoria.

Esta doctora tuvo conocimiento además del resultado de una prueba practicada al pequeño que indicaba que sufría una "acidosis", por la que debería haber sido sometido a "pruebas complementarias" que la acusada "no ordenó".

El fiscal recuerda además en su texto que los datos correspondientes a las constantes vitales del niño "fueron manipulados" en el parte médico del 1 de octubre, si bien "no se ha podido acreditar la autoría de esta alteración".

Al día siguiente, tomó el relevo a la médico de guardia la cuarta acusada, quien durante su turno dio el alta al recién nacido sin ninguna "prueba complementaria", a pesar de que conocía que el bebé "tenia algún grado de ictericia" y sin hacer constar en la cartilla infantil recomendación alguna por si esta dolencia "fuera a más".

El 4 de octubre los padres del niño lo trasladaron a un hospital público de San Sebastián, donde se detectó al bebé una elevadísima tasa de bilirrubina que le causó una "anemia hemolítica", que "los doctores intentaron atajar con una 'exanguinotransfusión'".

A pesar de ello, el niño sufre secuelas que le provocan "graves limitaciones", por lo que debe recibir "ayudas específicas" como "fisioterapia, logopedia, hidroterapia y refuerzo escolar".

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de cuatro delitos de lesiones por imprudencia grave, por los que pide dos años de prisión para cada una de las procesadas y que no puedan ejercer su profesión durante otros tres años más.