Los servicios sociales de la Generalitat de Catalunya retiraron en diciembre de 2009 la custodia de su bebé a una mujer apenas una semana después de que diera a luz con 50 años tras un proceso de inseminación artificial.

Según se ha sabido ahora, la Administración justificó que no existían garantías para asegurar la integridad del crío, pese a que la clínica en la que siguió el proceso de fertilidad le había realizado un informe previo y todo salió correcto, según informó ayer Europa Press.

De hecho, fue el centro médico el que advirtió a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) la detección de comportamientos extraños por parte de la mujer tras el parto.

Siete días después del parto, en 2009, los médicos alertaron de la actitud de la madre

Fue entonces cuando la Administración catalana activó su protocolo de actuación y decidió que era mejor asumir los cuidados del niño. Este tiene hoy alrededor de 2 años y se encuentra a cargo de una familia de acogida, a la espera de que un juzgado dicte sentencia sobre la denuncia presentada por su madre.

"¿Cómo puede ser que me declararan apta para ser madre y luego me quitaran la custodia por considerar que no estaba cuerda y no podía prever los riesgos del niño?", se lamentaba ayer la mujer, que prefiere mantener su anonimato, en declaraciones a la citada agencia de noticias.

La madre acudió al centro médico privado Teknon en octubre de 2008 para recibir un tratamiento de fertilidad. Se aproximaba entonces a los 50 años y asumió que cada tratamiento de recepción de óvulos al que se tenía que someter tendría un coste de 8.000 euros, siempre y cuando superara un estudio físico y psicológico. Ningún análisis percibió nada extraño.

"La personalidad de la paciente no muestra características propias de trastorno y no se valora causa que desaconseje la recepción de óvulos", afirmaba el informe que efectuaron entonces los expertos de la clínica Teknon.

Una familia acoge al niño hasta que se resuelva la denuncia de la mujer

Tras esas conclusiones, la mujer pasó por tres tratamientos, que le supusieron un desembolso total de 24.000 euros, hasta quedar finalmente encinta. Fuentes de la clínica aseguraron a Europa Press que "se siguió rigurosamente el protocolo asistencial normativo para someterse a tratamientos de fertilidad".

Todo el proceso evolucionó con la máxima normalidad hasta el séptimo día posterior al parto. Fue entonces cuando los empleados del centro alertaron de "un comportamiento por parte de la madre que hizo que se activasen los protocolos de actuación establecidos por la Dgaia", aseguran ahora desde el centro médico. Los servicios sociales apartaron a la madre del bebé al considerar que "ponía en peligro" la integridad del pequeño, según el informe de la Dgaia.

La Conselleria de Salut constituyó en diciembre de 2009 un grupo de trabajo formado por diversos especialistas que elaboró un protocolo de estudio y tratamiento de la esterilidad", en el que se recogen las directrices a seguir por todos los centros médicos que realizan tratamientos de fertilidad con cargo a los presupuestos de la Generalitat, es decir, los públicos o los que reciben conciertos.

El documento especifica que se excluirán aquellas personas que presenten "problemas de salud mental que produzcan trastornos en la conducta que puedan afectar negativamente el desarrollo del bebé". Y es también en ese documento en el que consta el límite de los 40 años para costear tratamientos de fertilidad en el sistema público. El protocolo se publicó tan sólo cuatro días antes de que la denunciante diera a luz a su hijo.