La reunión entre Zara y el Ministerio Público de Trabajo brasileño concluye sin acuerdo

La reunión entre representantes del Ministerio Público de Trabajo de Brasil y de la multinacional española Zara en este país concluyó sin acuerdo sobre la regulación de la cadena productiva de la firma, algunos de cuyos proveedores están acusados de utilizar mano de obra en condiciones análogas a la esclavitud.

Las partes, reunidas hoy en Sao Paulo, expresaron sin embargo su intención de seguir negociando y evitar llevar el caso a la Justicia.

La compañía de confección textil rehusó firmar el Término de Ajuste de Conducta (TAC) propuesto por el Ministerio Público de Trabajo (procuraduría, organismo independiente de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y presentó un plan de acción alternativo durante una reunión celebrada en la sede del organismo brasileño en Sao Paulo.

En rueda de prensa, Luiz Carlos Fabre, procurador del Ministerio Público de Trabajo explicó los términos del TAC, que, entre otros puntos, prevé una indemnización por valor de 20 millones de reales (unos 11 millones de dólares) que tendría que pagar Zara en compensación de daños morales colectivos.

Fabre quien precisó que "no llamaría multa" ese montante sino "inversión" y añadió que el montante fue calculado en función de "la gravedad de los hechos", su "amplia repercusión" en la sociedad y con el objetivo de que no fuera tan alto como para ser "inviable" ni tan bajo que resulte inocuo.

También agregó que la cadena de proveedores se estructura en torno a la empresa a la que abastece por lo que "quien debe asumir el coste es aquella que en última instancia es la mayor beneficiaria".

El procurador explicó que entre las disposiciones en desacuerdo se encuentran las relativas a la "responsabilidad jurídica" de Zara sobre sus proveedores y el plazo de validez del TAC.

Además, dijo que estudiarán la propuesta de la firma y precisó que "si es necesario" se presentará una acción civil pública, pero añadió que recurrir a los tribunales "es la última medida" y se mostró esperanzado en alcanzar una solución "amistosa".

El documento rechazado por Zara obliga a la empresa española a introducir en los contratos con sus proveedores la prohibición de que estos subcontraten "el objeto principal del servicio", que empleen a extranjeros en situación irregular y la obligación de que cumplan la legislación laboral vigente bajo pena de multa.

Además, el TAC prevé que la firma española ejecute auditorías mensuales en su cadena de proveedores, entre otros.

Mientras, el procurador Ronaldo Lira dijo que la cantidad fijada como reparación de daño moral es "un valor expresivo pero adecuado a lo que fue encontrado" en una serie de inspecciones realizadas en talleres que vendían sus piezas a diversos proveedores de Zara en el estado de Sao Paulo.

"Encontramos una situación gravísima", dijo Lira, en referencia a inspecciones realizadas este mismo año en establecimientos que cosían ropa para la firma AHA, proveedora de Zara en Brasil, hallaran empleados en condiciones que las autoridades consideraron como "análogas a la esclavitud".

Mientras, Félix Poza, el director de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Inditex, al cual pertenece Zara, explicó que uno de los motivos de la negativa de la compañía textil a firmar el documento es la falta "propuestas concretas" para poner solución al problema del trabajo en condiciones degradantes en la confección textil en el estado de Sao Paulo, que calificó de "sistémico".

En una comparecencia ante la prensa, Poza dijo que la contrapropuesta presentada por la firma "contiene medidas realistas que pueden contribuir a solucionar el problema".

"Para nosotros el problema no es la cantidad económica", dijo Poza en relación a las multas, sino si la letra del acuerdo propone "proyectos que sean realistas y eficaces para resolver el problema".

El directivo explicó que la compañía está "abierta al diálogo" y no desea "judicializar el caso".

Antes de la reunión, una fuente de Inditex explicó a Efe que el TAC en los términos en los que fue redactado era "inaceptable".

De acuerdo con esta versión, el TAC "hace responsable a Zara del incumplimiento de la ley laboral por parte de sus proveedores e impone multas", hecho que dijo: "no tiene precedentes en Brasil".

Asimismo, calificó las multas e indemnizaciones como una disposición "totalmente desproporcionada que no guarda relación ni con casos anteriores ni con la realidad" y denunció que el documento "no establece un mecanismo de resolución de problemas, sólo un procedimiento de multas".