Rouco cuestiona que el Estado sea dueño de los derechos fundamentales

El presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, se ha preguntado si el Estado es dueño de los derechos fundamentales del hombre, y ha opinado que éste "no puede traspasarlo todo, no puede invadirlo todo" si pretende favorecer el bien común.

Rouco ha intervenido en la inauguración del XI Congreso Católicos y Vida Pública, que se celebra hasta el domingo próximo con el título La política, al servicio del bien común.

El arzobispo de Madrid, que ha citado la encíclica de Benedicto XVI Caritas in veritate, ha comentado la "crudeza" con que tratan el derecho a la vida prácticamente todas las legislaciones europeas, en alusión al aborto, aunque sin citarlo explícitamente.

"El tratamiento jurídico del derecho a la vida pone en cuestión, o por lo menos hace preguntarse, cómo se entiende en este momento el adjetivo fundamental a la hora de vincularlo a la palabra derecho", ha dicho. Según Rouco, se trata de un orden ético con valencia y significado jurídico y político anterior a toda actuación positiva del Estado.

Ha denunciado la "crudeza" con que tratan el derecho las legislaciones europeas

El bien común, ha dicho Rouco, es el de todos, tiene que ver de forma inseparable con los derechos fundamentales y con una concepción de lo político o del Estado como ente consciente de sus límites y que sabe que no puede traspasarlo todo, invadirlo todo.

Rouco ha leído un telegrama del Papa en el que Benedicto XVI felicita a la Asociación Católica de Propagandistas en su centenario y anima a implicarse cada día mas en el apostolado laical para construir un mundo más justo y solidario al servicio del bien común y a difundir los valores cristianos en la vida política y cultural de la sociedad española.

Por su parte, el presidente de la ACdP y de la Fundación San Pablo CEU, Alfredo Dagnino, alertó de que prescindir de Dios y actuar como si no existiese "socava la verdad del hombre e hipoteca el futuro de la sociedad". Así reiteró que los principios del Estado "no pueden ser independientes ni renunciar a la presencia de la moral en la vida pública".