La candidata presidencial oficialista Dilma Rousseff y el opositor José Serra prometen continuidad en las políticas sociales del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en una campaña escasa de propuestas.

El 80% de popularidad de Lula y los programas sociales que impulsó en sus ocho años de mandato, que permitieron que 28 millones de personas superaran la pobreza y otros 36 millones ingresaran a la clase media, han motivado que los dos candidatos que disputarán el domingo la segunda vuelta propongan las mismas políticas sociales.

Rousseff, candidata del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), promete la total continuidad de la política social de su mentor, mientras que Serra, pese a ser del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), se compromete no solo a mantenerla sino a mejorarla.

Serra propone incluso aumentar el monto de los subsidios creados por Lula, que el Gobierno distribuye entre los cerca de 13 millones de familias más pobres del país, así como subir el salario mínimo a 600 reales (unos 350 dólares) y reajustar las jubilaciones y pensiones.

Duro crítico de la política exterior de Lula y de su acercamiento a regímenes cuestionados como el de Irán y el de Cuba, Serra ha basado su campaña en referencias a los escándalos de corrupción que han salpicado a ministros y colaboradores del mandatario pero evita presentarse ante los electores como su opositor.

Incluso en sus primeros programas de propaganda en televisión llegó a mostrar imágenes de Lula pero nunca de su correligionario, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) del que fue ministro de Planificación y de Salud.

Si Rousseff y Serra coinciden en presentarse como garantía de continuidad de la política social de Lula, las propuestas de ambos tampoco difieren mucho porque representan a partidos próximos ideológicamente.

El PT y el PSDB se han turnado en la presidencia de Brasil desde 1995 y han polarizado la política nacional desde entonces.

El socialista PT se ha amarrado en los últimos años al centro mediante alianzas con partidos conservadores de los que era rival declarado y que también fueron aliados del socialdemócrata PSDB.

Los dos candidatos también tienen propuestas muy parecidas para la política económica, incluso porque el propio Lula dio continuidad en su Gobierno a las directrices económicas con las que Cardoso garantizó la estabilidad, como las metas para mantener la inflación bajo control, las restricciones fiscales para el gasto público y el régimen cambiario libre.

Solo la política cambiaria, que ha empezado a convertirse en un asunto clave en Brasil por la fuerte apreciación del real frente al dólar que redujo la competitividad de las exportaciones, suscitó algunas diferencias entre ambos candidatos.

Mientras Rousseff consideró como suficientes las medidas puntuales adoptadas por el Gobierno para frenar la caída del dólar, entre ellas mayores impuestos para el ingreso de capitales extranjeros, Serra prometió la semana pasada una amplia modificación.

El aspirante opositor considera que, con un mayor control del gasto público, el Gobierno puede reducir la tasa de interés, una de las mayores del mundo en términos reales y que atrae masivamente capitales extranjeros en momentos en que los demás países reducen al mínimo los tipos para incentivar la economía.

El propio Lula aprovechó una de las pocas promesas de reforma de Serra para intentar diferenciarlo de la continuidad representada por Rousseff, su apadrinada.

"El adversario político (Serra) actúa de forma irresponsable al proponer cambios en la política económica del país. Él tiene que explicar las reformas que introducirá en momentos en que Brasil sirve de ejemplo al mundo como modelo de desarrollo, de generador de empleo y de estabilidad económica", dijo el gobernante.

Otras propuestas que marcan alguna diferencia entre los candidatos tienen que ver con la presencia del Estado en la economía y la autonomía del Banco Central.

Mientras Rousseff defiende una mayor presencia del Estado y la actual independencia del Banco Central, Serra es partidario de reducir el peso del Estado en la economía y de una autoridad monetaria más alineada con el Gobierno.