De la Rúa: "Es imposible leer todos los decretos que se firman"

El ex presidente argentino Fernando De la Rúa aseguró que los mandatarios "no pueden leer todos los decretos" que firman, al declarar ante un juez como testigo en la causa que se le sigue a su antecesor, Carlos Menem, por contrabando de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995.

Menem, de 79 años, es el principal acusado en esas actuaciones por haber firmado decretos que autorizaban ventas de armamentos, entre otros cargos que le ha hecho la Fiscalía.

Al declarar ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico de Buenos Aires, que enjuicia a Menem y otros imputados, De la Rúa dijo que aunque a él le "gustaba" analizar cada expediente que firmaba, resulta "imposible estar al tanto de todos".

En el proceso, que comenzó en octubre de 2008, están imputados otros 17 ex funcionarios por su participación en contrabando de armas a Croacia y a Ecuador cuando regían prohibiciones internacionales de proveer armamentos a esos países.

Menem firmó dos decretos que autorizaban la venta de armas a Panamá y Venezuela, pero el armamento fue a parar a Croacia, a pesar de la existencia de un embargo dispuesto por las Naciones Unidas, y a Ecuador, cuando Argentina era garante de paz en la guerra que enfrentó a este país con Perú a comienzos de 1995.

Están imputados otros 17 ex funcionarios por tráfico de armas

Por esta causa, Menem estuvo seis meses detenido en el 2001, acusado de ser el jefe de una "asociación ilícita" dedicada al tráfico ilegal de armas, pero fue liberado a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, por entonces afín a su gobierno.

Entre los acusados están el empresario Emir Yoma, ex asesor y ex cuñado de Menem y Oscar Camilión, quien fue ministro de Defensa cuando se cometió el ilícito, además de antiguos directivos de la estatal Fabricaciones Militares.

En diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia argentina rechazó un pedido de nulidad hecho por los abogados de Menem y ordenó que debía continuar el juicio.

Menem, de 79 años, no asistió a ninguna audiencia y, cuando tuvo que oír la acusación en su contra, consiguió una autorización para hacerlo a través de una videoconferencia desde la norteña provincia de La Rioja, su tierra natal.