Qué migrantes podrían quedar excluidos de la regularización y qué cambios reclaman los afectados

Abril debía ser el mes clave. El Gobierno había anunciado que a principios de este mes iniciaría el proceso de regularización extraordinaria, aprobado el pasado enero. De momento, el Ejecutivo mantiene la previsión de que a lo largo de estas semanas verá la luz el decreto ley que active el proceso. Mientras tanto, miles de personas migrantes siguen esperando. Para muchas, no se trata solo de un trámite administrativo, sino de la posibilidad de acceder por fin a derechos básicos y a un reconocimiento que llevan años reclamando.

Los colectivos de migrantes han celebrado esta decisión desde el primer momento, pero advierten de que el éxito de la medida dependerá de la forma en la que se articule y diseñe la norma, ya que consideran que los últimos borradores que se han hecho públicos presentan limitaciones para poder llegar a todos los posibles solicitantes. Para empezar, reivindican que el plazo previsto para presentar las solicitudes es "insuficiente", ya que se espera que el proceso comience en las próximas semanas y se termine el 30 de junio. Consideran que dos meses sería un tiempo muy limitado para un proceso que podría implicar a cientos de miles de personas.

"El actual plazo es absolutamente insuficiente para un procedimiento que va dirigido a cientos de miles de personas en situaciones de precariedad, que enfrentan barreras administrativas, económicas, idiomáticas, tecnológicas y sociales muy profundas", denuncia la Asamblea Antirracista por la Regularización Madrid. "Hay personas que no van a llegar a tiempo simplemente porque sus países de origen tardan en emitir documentos básicos como pasaportes o certificados", explica Mónica Gortayre, activista de la organización.

La desigualdad entre consulados -algunos más ágiles para el envío de documentos, otros mucho más lentos- puede traducirse, en la práctica, en exclusión. Gortayre explica que ya han detectado que países como Bangladesh, Guinea Conakry, Marruecos, Argelia o Nicaragua están poniendo trabas o sufriendo grandes demoras para conseguir la documentación necesaria.

Algunos menores y trabajadores podrían quedar fuera

La Asamblea Antirracista advierte de que varios colectivos en situación de especial vulnerabilidad pueden quedar excluidos del proceso si el decreto no incorpora garantías específicas. El caso más grave, señalan, es el de los menores no nacidos en España que viven con un solo progenitor. Para regularizar su situación podría exigirse un documento de custodia que muchas familias no pueden obtener. "A una mujer que ha huido de violencia de género no se le puede pedir que reclame un certificado al agresor; eso ya ha generado chantajes en regularizaciones anteriores", recuerda Gortayre.

La falta de claridad afecta también a trabajadores de temporada que firmaron compromisos de retorno y las personas que tienen trámites de extranjería pendientes. Según denuncia la organización, si su solicitud se deniega más adelante, podrían encontrarse fuera de plazo para acogerse a la regularización. "La falta de criterios homogéneos entre oficinas de extranjería puede dejar a muchas personas sin ninguna vía", subraya. También preocupa a los colectivos que se estén produciendo expulsiones de migrantes que contarían con todos los requisitos para poder acogerse a la regularización.

Documentación 'imposible' y altas tasas

Al analizar los últimos borradores publicados, colectivos como Red Acoge, coinciden en que uno de los puntos más sensibles es el requisito de un "informe social o acreditación de situación de vulnerabilidad", un documento que permitiría acceder a la residencia por razones humanitarias o de exclusión social. Los colectivos advierten de que no existe información clara sobre si será obligatorio presentar este documento para acogerse al proceso. Exigirlo, sostienen, supondría una barrera significativa ya que se podrían producir lecturas restrictivas o burocráticas de la idea de vulnerabilidad. "Si ya se reconoce que estar en situación administrativa irregular implica vulnerabilidad, ¿para qué pedir un informe adicional?", cuestiona Gortayre, que reclama que estos documentos sean opcionales y que no se utilicen como mecanismo de exclusión.

Además, reclaman que si se considera que una persona es vulnerable no deberían de aplicarle los costes del proceso. A las tasas administrativas -en torno a 80 euros- se suman gastos derivados de traducciones, certificados y trámites consulares, que según los cálculos de la Asamblea Antirracista podría elevar el coste total hasta los 400 euros, un precio que se elevaría si se requiere de la asistencia legal de un abogado. "Esta cantidad es inasumible para personas en situación irregular y en condiciones de precariedad. Lo más justo, desde una perspectiva de justicia social, sería la eliminación de estas tasas para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. No se puede proteger a quienes están en exclusión y al mismo tiempo poner precio a su acceso a derechos", denuncian.

La organización también advierte que muchos de los documentos exigidos no están garantizados para todas las personas migrantes. "Muchas personas migrantes nos encontramos entre dos aguas de abandono, la del Estado español y la de nuestros países de origen. Vamos a denunciar públicamente cualquier requisito que sobre el papel parezca lógico pero que en realidad sea una barrera de hecho", denuncian. Por ejemplo, trámites como el empadronamiento, que debería ser universal, siguen sin estar asegurados en la práctica y recuerdan que algunos países ponen trabas o se pueden demorar en facilitar algunos documentos.

Por su parte, el Gobierno ha apuntado que se podrán presentar alternativas -como facturas, recibos o informes médicos- para acreditar la residencia.

Antecedentes penales

Uno de los requisitos principales para poder optar a la regularización es acreditar que se carece de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen o residencia durante los últimos cinco años. En primer lugar, los colectivos consideran que este requerimiento viene desde una lógica de "sospecha, vigilancia y castigo que atraviesa habitualmente la política migratoria". Consideran que el tratamiento de estos casos debe hacerse desde una lectura "garantista, contextualizada y de justicia social" en la que se puedan analizar caso por caso la situación de cada persona, ya que "muchas personas en situación irregular han sido sancionadas por actividades de supervivencia como la venta ambulante o acusados falsamente de patrones de patera, por tanto es contradictorio al reconocimiento de la vulnerabilidad y negarles la regularización", explica Gortayre.

Brecha digital

También preocupa a los colectivos que el acceso a la regularización se articule principal o parcialmente de manera telemática lo que podría acarrear una brecha digital -atravesada por factores de edad, género y clase- que podría causar exclusión. "No todo el mundo tiene certificado digital, ni acceso a internet, ni conocimientos administrativos", denuncia la activista. Por ello, reclaman que la doble vía -presencial y online- sea real y efectiva. "Las administraciones deben asegurar que una persona va a poder presentar su solicitud en una oficina de registro o de correos sin depender de intermediarios ni de conocimientos digitales", reclama.

Hacer negocio con la desesperación

Para facilitar el proceso el Ministerio había previsto ampliar los actores que podrían acompañar a las personas migrantes en su solicitud. Sin embargo, la Asamblea Antirracista denuncia que el Decreto sobre el Registro de Entidades Colaboradoras excluye a muchas organizaciones migrantes y antirracistas que habían pedido participar de forma directa en el proceso de regularización. Reclaman que su presencia es esencial porque son quienes conocen de primera mano las necesidades, los miedos y los obstáculos que enfrentan las comunidades migrantes. "Una vez más, se terceriza la gestión de nuestro acceso a derechos y se esquiva la deuda histórica que la administración pública tiene con la atención de las personas migrantes", lamentan.

Además, alertan contra el aprovechamiento que otros actores están haciendo ante la angustia de personas que necesitan regularizar su situación. "Estamos vigilantes para poner en evidencia los abusos que se están produciendo por abogados y organizaciones que lucran descaradamente con la desesperación de nuestras comunidades", señalan.

Público ha contactado con el Ministerio de Migraciones para conocer más detalles y posibles mejoras de cara al borrador final, pero no habían respondido al momento de publicarse este artículo.