Rumasa desequilibró Clesa en favor de otras empresas

Los trabajadores de Clesa respiraban ayer un poco más aliviados al conocer que el Juzgado de lo Mercantil número seis de Madrid admitía a trámite el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) solicitado por la familia Ruiz-Mateos. Y más porque el juez ha quitado a los propietarios la gestión de la compañía y el derecho a disponer de sus activos, a pesar de tratarse de un concurso voluntario.

El motivo de la decisión, explica el auto, está en que se ha observado que los administradores, encabezados por Álvaro Ruiz-Mateos, "han adoptado decisiones empresariales perjudiciales para el patrimonio de la concursada, incrementando cada año el importe del pasivo", es decir, de la deuda, mediante "numerosas operaciones de afianzamiento a favor de empresas ajenas a la concursada y sin más vínculos entre ellas que los personales o familiares entre sus directivos". Nueva Rumasa no existe como holding, teniendo cada compañía propietarios diferentes. En el caso de Clesa se trata de la sociedad holandesa Alinda Finance BV.

El juzgado calcula que Clesa debe al menos 1.112 millones de euros, que podrán aumentar en función de los acreedores que acudan al juzgado en el plazo de un mes. Según el auto, Clesa sólo dispone de activos valorados en 305 millones para afrontar esa deuda.

Esos activos estarían compuesto, entre otras cosas, por 25 propiedades inmuebles y 260 vehículos. Sin embargo, según ha podido comprobar Público con los datos del Registro de la Propiedad, la mayoría de las fincas y naves industriales están hipotecadas y pesan sobre ellas embargos preventivos con cargo a los 36 millones que se adeuda al Royal Bank of Scotland (entre principal e intereses) o las diferentes cantidades que se deben a la Seguridad Social. También hay embargos de menor cuantía a petición de proveedores, como Transportes Molinero, y figuran numerosas hipotecas con el grupo Santander (que llegó a ser principal acreedor de Nueva Rumasa con 350 millones) que han sido cedidas a terceros.

En Nueva Rumasa niegan la distancia entre lo que tiene y lo que debe Clesa que dice el juzgado. Aseguran que "el pasivo real directo de Clesa es de 293,5 millones" y que los 767 millones restantes corresponden a "avales prestados a otras compañías del grupo". El cruce de préstamos y avales es precisamente el que ha llevado a la apertura de diligencias por un posible fraude a la Seguridad Social valorado en nueve millones de euros. Se investiga si se habría descapitalizado Clesa para inyectar dinero a otras firmas pese a mantener deudas con el erario público. El auto difundido ayer concreta que la práctica de avalar y financiar a otras empresas llegó a "multiplicar por cuatro" la deuda que habría tenido Clesa.

Con la fábrica de Madrid paralizada y la de Caldas del Rey (Pontevedra) trabajando al 15% de su capacidad, los cerca de 450 trabajadores de Clesa, la mayoría afectados por un expediente de regulación de empleo temporal (ERE), pueden ahora reclamar al Fondo de Garantía Salarial las retribuciones que les adeuda la compañía. Esos salarios no pagados incluyen los correspondientes a los meses de enero a abril y la paga extra de marzo, según fuentes sindicales.