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Sala aboga por una renovación del Constitucional que no ve "tan difícil"

EFE

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pascual Sala, considera que no es "tan difícil" que se cumpla el mandato constitucional para renovar este órgano y ha advertido que impulsar otras vías, como un recurso por parte de 50 diputados, supondría tener que reformar la Constitución.

En declaraciones a los periodistas y en el debate posterior tras pronunciar una conferencia en Barcelona sobre el TC y la protección de los derechos humanos, Sala se ha referido así a la sugerencia que hoy ha planteado el vicepresidente del Tribunal, Eugeni Gay, que ha recordado que 50 diputados o 50 senadores pueden presentar un recurso contra la demora en la renovación de este organismo.

Sala ha enmarcado la sugerencia de Gay en el ámbito de las "opiniones personales", y considera que como tal es "respetable", si bien ha subrayado que el principal procedimiento para renovar al TC es el cumplimiento del mandato constitucional que obliga a la renovación del organismo.

"Indudablemente hoy lo más importante es el cumplimiento (de este mandato constitucional para renovar al TC), que tampoco es tan difícil, pienso yo", ha señalado Sala, que no obstante ha reconocido que es un trámite que "siempre ha costado".

El presidente del Constitucional ha recordado que hasta ahora se han estudiado muchos procedimientos para tratar de evitar los retrasos en la renovación de los jueces que integran el Constitucional, si bien ha insistido en que el principal procedimiento es el mandato constitucional "porque lo dice la constitución".

"Arbitrar otros procedimientos que significaran una rectificación de la Constitución supondría que habría que reformarla, pero eso son cosas 'leges ferenda' (el derecho como debería ser, en contraposición al derecho como es) que decimos los juristas, pero indudablemente hoy lo más importante es el cumplimiento (del mandato constitucional), que tampoco es tan difícil, pienso yo", ha insistido.

Gay había deplorado por la mañana que los partidos no hayan reaccionado con más celeridad ante la protesta de sus magistrados con el mandato caducado y ha recordado que 50 diputados o 50 senadores, o bien parlamentos autonómicos afectados por esta situación, pueden presentar un recurso ante esta situación, lo que no ha ocurrido hasta el momento.

El presidente del TC se ha desmarcado asimismo de unas recientes declaraciones de Eugeni Gay, que tras presentar su dimisión dijo que veía al Tribunal "secuestrado", y ha apuntado que éste no planteó esta denuncia en el sentido "literal de la palabra", sino para expresar que había "anomalías en la renovación del Tribunal, como se ha visto que las hay".

Sala ha remarcado en esta línea que todos los magistrados del TC están de acuerdo en que debe cumplirse el mandato constitucional de la renovación del organismo, ya que actualmente hay un turno de jueces que hace siete meses que debería haber sido renovado.

El presidente del Constitucional, que ha rechazado que los miembros del Tribunal puedan ostentar el cargo de forma vitalicia, se ha quejado del retraso en la renovación porque considera que da la sensación de que los partidos buscan a alguien a quien, una vez nombrado, puedan hacer mandamientos.

En este sentido, ha distinguido que una cosa es que los magistrados del Constitucional tengan ideología, lo que es legítimo, y otra que puedan ser susceptibles de recibir órdenes, lo que supone un delito de prevaricación. "Si es así, apaga y vámonos", ha señalado, gráficamente.

En cualquier caso, se ha quejado de que en España se ha perdido el respeto hacia las instituciones, como cree que se ha demostrado con los ataques al Constitucional, ya que considera que una cosa es la crítica legítima cuando aparece desconectado de la ciudadanía y otra dudar de su credibilidad institucional.

El presidente del Constitucional ha hecho estas declaraciones después de que la semana pasada tres miembros de este tribunal -su vicepresidente Eugeni Gay y los magistrados Javier Delgado y Elisa Pérez Vera- dimitieron del cargo en el que están en funciones desde noviembre de 2010, si bien su renuncia no les fue aceptada.

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