Salgado aumenta medio punto su previsión sobre el déficit público en 2010

La ministra de Economía, Elena Salgado, preside la reunión, esta tarde en Madrid, del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). EFE

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha confirmado que el déficit público se situará en el 8,4% en el año 2010, medio punto más de lo previsto por el Gobierno en el último objetivo de estabilidad presupuestaria presentado el pasado viernes (7,9%).

 

En una rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Salgado explicó que el aumento del déficit máximo permitido a las CC.AA. aprobado hoy hasta el 2,5% de cara a 2010 eleva "evidentemente" el déficit público total que se acumulará en dicho ejercicio.

De esta forma, el Gobierno ha revisado ya las cifras que planteó la pasada semana y que apuntaban a un déficit público del 9,5% en 2009, del 7,9% en 2010, del 5,2% en 2011 y del 3% en 2012.

Desacuerdo del PP

Sin embargo, Salgado insistió en que sólo se ha modificado la cifra del 2010 y que esto no afecta a la intención del Gobierno de hacer que el déficit de las administraciones públicas se sitúe por debajo del 3% en 2012, tal y como exige Bruselas.

Este aumento del déficit previsto es una consecuencia directa del acuerdo alcanzado hoy en el CPFF que permitirá a las comunidades autónomas incurrir en un déficit del 2,5% del PIB en 2010, en lugar del 2% que planteó el Gobierno el pasado viernes. Las nuevas cifras, según adelantó la vicepresidenta económica, tendrán que ser aprobadas por el Ejecutivo en el próximo Consejo de Ministros que se celebrará el viernes que viene.

Las comunidades autónomas del PP mostraron su desacuerdo a la posibilidad de que el déficit autonómico se sitúe por encima del 1%, ya que la crisis exige austeridad en las cuentas públicas. En cambio, los territorios gobernados por el PSOE pidieron al Gobierno que el límite se situara por encima del 2%, por ser ésta una cantidad insuficiente dado el actual contexto económico, que exige mantener las políticas anticíclicas y mayores gastos en protección social.