La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, cifra entre 1.200 y 1.300 millones el coste de las medidas fiscales que contempla la futura ley de Economía Sostenible y cuyo anteproyecto de ley ha sido aprobado por el Gobierno.

En una entrevista con El País, Salgado dice que, entre todas las medidas fiscales planteadas en el texto, la más importante será la nueva deducción por inversión en la rehabilitación de vivienda, cuyo coste sitúa en unos 800 millones.

Si a esa cantidad se le suma el resto de iniciativas fiscales el total llegaría a "unos 1.200 o 1.300 millones" de euros.

En cuanto a las reformas que no contempla la ley, asegura que el Gobierno es "consciente" de que tiene que reformar las pensiones, pero también de que "tiene tiempo por delante".

Respecto a la del mercado de trabajo recuerda que el Ejecutivo la quiere hacer en el marco del diálogo social.

Preguntada por cuáles serán las iniciativas que tendrán mayor impacto económico, Salgado afirma que, a corto plazo, serán las relativas a la rehabilitación de viviendas, porque además van a contribuir a crear empleo, a mantenerlo y a mejorar la calidad de vida.

También resalta las dirigidas a luchar contra la morosidad y el Fondo de Economía Sostenible, que contará con 20.000 millones de euros.

A medio plazo las propuestas que tendrán más impacto económico serán todas las referidas al conocimiento, la sociedad de la información, la innovación o la formación profesional, ya que "creo que son de verdad las medidas de calado de la ley", precisa la ministra.

En cuanto a por qué en la ley no se reforman las cajas para que dejen de estar politizadas, indica que el proceso de fusión y concentración actual va a reflejar que "donde no hay interferencias políticas las cosas salen mejor".

Además, en un momento en que hay que hacer una reforma del sistema financiero "cualquier cambio normativo -sobre cajas- contribuiría a dilatar ese proceso".

"Todo el mundo tiene que llegar al convencimiento de que las cajas tienen que reforzarse y, por tanto, esperamos que los políticos no interfieran en ese proceso de reestructuración", pidió.