La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, defendió hoy que el proyecto de Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio, más conocido como la Ley Paraguas, es "respetuoso" con las competencias de las comunidades autónomas y "no altera el reparto competencial".

Así lo anunció durante su intervención en el Pleno del Congreso durante el debate a la totalidad de este proyecto de Ley que se enfrenta a las peticiones de devolución de IU y del BNG.

Salgado pidió el rechazo de estas dos enmiendas a la totalidad porque dijo que la nueva normativa de libre prestación de servicios es una "oportunidad para reformar en profundidad un sector que representa las dos terceras partes del PIB y del empleo total".

La vicepresidenta segunda apuntó que la trasposición definitiva de la Directiva Europea de Servicios, cuyo plazo finaliza en diciembre de este año, supondrá la creación de 200.000 empleos y la aportación de 1,2 puntos porcentuales a la economía, así como la mejora en las cifras de productividad, consumo y salarios.

Según Salgado la llamada Ley Paraguas, que sienta las bases para la trasposición de la Directiva Europea de Servicios en otras leyes y para todas las administraciones, facilitará la creación de empresas, elevará la calidad de los servicios y condicionará la competitividad y el bienestar de las familias.

La ministra descartó que la normativa española suponga una limitación de las competencias de las CCAA y señaló que no altera el reparto competencial ya que establece nuevos mecanismos de cooperación entre el Gobierno central y las autonomías.

En este sentido, valoró la participación y colaboración "estrecha" de todas las CCAA con el ministerio de Economía y Hacienda, que "han sido consultadas desde el principio".

Salgado explicó que el nuevo marco normativo de Servicios "no afecta a las condiciones de empleo ni de trabajo" y defendió el principio de libertad de establecimiento para ejercer una actividad del sector servicios en cualquier territorio de la UE.

La Ley Paraguas determinaría que no hay un régimen de autorización con carácter general para abrir un establecimiento y que las autorizaciones sólo serán excepcionales por razones de orden público, de protección al medio ambiente o de salud pública, entre otras.

La ministra también valoró la creación futura de una ventanilla única, que conllevará la trasposición de la directiva europea y que "simplificará los trámites y cargas administrativas y reforzará los derechos de los consumidores".