El Salvador recuerda, a la espera de justicia, el asesinato de los jesuitas

El Salvador recordó hoy, con el pedido de justicia, los 20 años del asesinato a manos de militares de cinco jesuitas españoles y uno salvadoreño, a quienes el presidente Mauricio Funes concedió la máxima distinción del Estado.

"Los hermanos salvadoreños a los que hoy rendimos homenaje dieron su vida para que El Salvador saliera del círculo infernal, del podio que engendra muerte, y entrara en el camino de la reconciliación", dijo Funes, el primer gobernante de izquierda en la historia de este país centroamericano, en un acto celebrado en la Casa Presidencial.

Se refirió así a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría -quien se nacionalizó salvadoreño-, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López, que cayeron víctimas de las balas de un comando del Ejército, en el marco de una ofensiva lanzada por la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

También fueron masacradas en ese hecho la trabajadora de la Universidad Centroamericana (UCA) Julia Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos, pues, según informes de organismos de defensa de los derechos humanos, las órdenes eran que no podían quedar testigos.

Funes, de la antigua guerrilla del FMLN, partido de Gobierno desde el pasado 1 de junio, entregó póstumamente a familiares y compañeros de los jesuitas la orden José Matías Delgado en Grado de Gran Cruz, placa de oro, en lo que, a su juicio, significa "retirar un velo espeso de oscuridad y mentiras para dejar entrar la luz de la justicia y la verdad".

"Significa levantar la alfombra polvorosa de la hipocresía y empezar a limpiar la casa de nuestra historia reciente", agregó.

"Queremos que este sea un acto de recuperación de la memoria colectiva, un reconocimiento a la labor de aquellos que siempre estuvieron de lado de los derechos humanos, de la democracia, de la búsqueda incansable de la justicia, de los pobres", resaltó.

El mandatario llamó "a la unidad por la que lucharon estos hombres" e indicó que el país solo podrá construir su futuro si los salvadoreños se asumen como "hermanos y hermanas".

El actual rector de la UCA, José María Tojeira, destacó durante la ceremonia que es la primera vez que un Gobierno salvadoreño "reconoce pública y oficialmente el valor, la dignidad y los servicios que este grupo de académicos y hombres de fe prestaron".

"La defensa de las víctimas los acabó también convirtiendo en víctimas, pero su muerte, unida a la de Elba y Celina, y a la de tantas personas sencillas como ellas, se convirtió en un clamor por la paz que superó la brutalidad de la guerra", destacó.

"Si el asesinato de monseñor (Óscar Arnulfo) Romero (en 1980) fue el signo de la apertura de la guerra civil (1980-1992), precisamente por el intento de destruir en su persona la misericordia y la racionalidad pacífica que él representaba, la masacre de los jesuitas y sus dos colaboradoras fue la puerta hacia la paz", sentenció Tojeira.

Por este crimen ya fueron juzgados en El Salvador, en 1991, una decena de militares, pero solo dos de ellos fueron a prisión, aunque quedaron en libertad tras la aprobación en 1993 de una Ley de Amnistía tras los acuerdos que acabaron con la guerra civil.

La Audiencia Nacional española admitió en enero pasado a trámite una querella contra 14 militares salvadoreños acusados de delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes.

"Este 16 de noviembre lo que significa es el triunfo de la impunidad", declaró a Efe Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), quien consideró que Julia Elba y Celina "son el rostro de cientos de miles de víctimas en El Salvador".

Aunque no se declaró en contra de la condecoración conferida a los jesuitas, lamentó que ésta haya sido otorgada en el pasado al general Francisco Franco.

"Qué paradoja o qué contradicción que Ellacuría, 20 años después (de su asesinato), la recibe", sostuvo.

"No ha habido justicia", lamentó, por su parte, Almudena Bernabeu, la abogada que lideró la querella ante la Audiencia Nacional.

"La puerta de la justicia no se debe cerrar, qué más da que hayan pasado 20 años", alegó en declaraciones a Efe, y opinó que en casos como este no hay "caducidad".