Hasta ahora, prácticamente todas las ayudas públicas que se han concedido a las entidades financieras tienen compromiso de devolución y, por tanto, apenas costarán a las arcas del Estado. Se han entregado en forma de préstamos (las del conocido como FROB 1) y las nuevas se van a conceder en forma de compra de acciones (FROB 2). Cuando se devuelvan los préstamos, en un caso, o cuando se vendan las acciones, en el otro, el Estado recuperará sus fondos y hasta ganará dinero con ellos.

En el caso de la CAM, la broma va a costar un mínimo de 2.000 millones de euros a los contribuyentes casi con total seguridad. De momento, para evitar su caída, se le van a entregar 2.800 millones a través de la compra de acciones para elevar su solvencia (además de una línea de liquidez de 3.000 millones que no debería tener coste alguno para las arcas públicas). El Estado tendría que recuperar esas ayudas cuando venda las acciones en los próximos meses a través de una subasta competitiva, pero previsiblemente no lo hará.

El FROB tendrá que conceder garantías a la entidad que compre la CAM

La razón es que la entidad cuenta con un agujero, es decir, una falta de provisiones para cubrir sus créditos dudosos y los inmuebles adjudicados, que puede superar los 3.000 millones de euros (según los diferentes cálculos que han realizado las entidades que han examinado sus cuentas). Eso supone que quien quiera comprar la entidad tendría que pagar los 2.800 millones que costarían sus acciones, más otros 3.000 millones para limpiar la caja. Y nadie está dispuesto a ello. Por eso, el fondo público de rescate tendrá que aceptar, casi con toda probabilidad, un Esquema de Protección de Activos (EPA). Y ese instrumento supone, simple y llanamente, que el Estado ofrece una garantía para los activos dañados de la CAM que en su mayoría nunca podrá recuperar. Cuanto más grande sea ese EPA, más grandes serán las pérdidas que tengan que asumir los contribuyentes. Dependerá del precio que estén dispuestos a pagar los ofertantes, entre los que estarán, casi con toda seguridad, Santander, BBVA, La Caixa, Popular, Sabadell o Unicaja.

Una fórmula alternativa, pero que igualmente supondría un coste elevado para los ciudadanos sería vender las acciones al mejor postor a un precio inferior a los 2.800 millones que ahora se van a invertir. A cambio de eso, el Estado no se vería obligado a ofrecer una garantía a los activos dañados o morosos que tiene o pueden aparecer en el futuro.

2.000 millones, como mínimo

Desde hace meses, tenía que informar cada día al Banco de España de su estado

Tanto en un caso como en el otro, el FROB (dotado con los impuestos de los ciudadanos y los ahorros del Fondo de Garantía de Depósitos) perderá varios miles de millones de euros. Desde un banco que ha estudiado las cifras de la CAM auguran que la broma no saldrá por menos de 2.000 millones porque aseguran nadie está dispuesto a poner cerca de 6.000 millones para quedarse con la CAM. Ni tampoco 5.000.

Desde otra entidad que conoce ampliamente los números de la CAM elevan mucho más el esfuerzo que tendrá realizar el Estado para salvar a la caja alicantina. Explican que si los 6.000 millones en activos dañados que destapó el Banco de España en el acta de inspección de diciembre se suman a los 4.886 millones de activos morosos que se declaraban en los test de estrés supone que su cartera de riesgo roza los 11.000 millones. Tomando como ejemplo el EPA que se aplicó para CCM (que cubría el 40% de los activos dañados), la garantía de la CAM rondaría los 4.400 millones. No obstante, la CAM es una entidad con grandes ventajas, como su red comercial, lo que permitirá que el FROB haga un esfuerzo menor y no tenga que cubrir ese 40% como en el caso de CCM.

Sean 2.000 o 4.400 millones en pérdidas, la aportación del Estado seguirá siendo ínfima comparada con otros países. Las ayudas españolas, la mayoría para devolver, se elevarán finalmente a unos 20.000 millones, lo que supondría un 2% del PIB.

Debe devolver o refinanciar deuda por 7.736 millones en año y medio

Entera o por partes

Lo que no tienen claro en el sector financiero es que se pueda adjudicar la CAM en un único paquete. Es una entidad demasiado grande y con demasiados problemas como para que a alguien le interese asumirla por completo. Salvo a un banco extranjero que quiera ganar presencia de golpe en toda España, las grandes entidades españolas querrían principalmente la red de Levante (las oficinas de Alicante, Castellón, Valencia y Murcia), pero no tienen demasiado interés, por ejemplo, en la quincena de oficinas de Asturias o de Canarias. Y mucho menos por los 1.200 empleados de los servicios centrales, cuyas prejubilaciones o bajas les costarían un dineral.

El resultado se conocerá a la vuelta del verano. A los interventores no debería costarles mucho hacer la foto de la entidad porque el Banco de España la tenía intervenida de facto desde hace meses. "No daba un paso sin que el supervisor lo autorizara", aseguran fuentes conocedoras de la situación, que admiten que la CAM desde hace meses tenía que enviar un extracto diario de su situación de liquidez, es decir, cuántos depósitos entraban y salían, y cuántos créditos se concedían y se devolvían.

La liquidez es uno de los problemas que han llevado al supervisor a requerir a la entidad una solución definitiva, que al no llegar ha provocado la intervención. La caja tiene deuda emitida por importe de 16.982 millones, que comporta además unos intereses de 6.811 millones, según datos de Bloomberg. De ese dinero, 15.962 millones debe devolverlos o refinanciarlos hasta 2014 (7.736 millones en año y medio), lo que le coloca en una situación muy complicada dado que los mercados están cerrados y más para una entidad con tan poca confianza en estos momentos como la CAM.

Su gran salida, además de la línea de liquidez de 3.000 millones que le ha abierto el Banco de España, es la captación de depósitos, pero tampoco es un momento boyante para eso dada su realidad.

En todo caso, y teniendo claro que la crisis inmobiliaria y la deficitaria gestión han sido los principales causantes de la caída de la CAM, desde el sector critican que el Banco de España haya permitido que la situación haya llegado a este extremo. "Si le hubieran obligado a fusionarse con alguien, como a otras entidades, no habría hecho falta que los ciudadanos pagáramos el pato", dicen.