La sanidad pública gratuita sólo es universal sobre el papel. Más de 200.000 personas no gozan de ese derecho, recogido por la Ley General de Sanidad y la de Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Pagan sus impuestos, con los que se financia la sanidad, pero si quieren que un médico les atienda deben pagarle.

Los excluidos del Sistema Nacional de Salud (SNS) tienen en común que no cotizan a la Seguridad Social y que ganan más de 517 euros al mes. En general, sus ingresos son bastante superiores a esta cantidad, considerada el límite con la pobreza.

Piedy Corrales y su marido Federico Pi, jubilados madrileños, de 74 y 82 años, cumplen estos requisitos. Él, perito agrícola, explotó durante años una finca en Paracuellos del Jarama (Madrid).

Inscribió en la Seguridad Social a sus 'cinco o seis' trabajadores, pero él nunca se dio de alta como autónomo. 'Cuando nos casamos, en 1956, no era obligatorio y era muy caro', justifica Piedy. Ella tampoco cotizó: trabajó en casa, cuidando de sus seis hijos.

Muchos de los excluidos del SNS no son conscientes de que la sanidad pública es universal, al menos en teoría. Durante años, a Piedy y a su marido no les preocuparon los 200 euros que cada mes pagan a un seguro médico privado, porque creían que no tenían derecho a beneficiarse de la sanidad pública.

Hasta que hace tres años tras haber pagado unos 12.000 euros por la operación de corazón a la que se sometió Federico en 2004 y otros tantos por una intervención de espalda a Piedy en 2005 se enteraron de que desde 1988 la sanidad se financia con los impuestos, que ellos también pagan.

La situación de esta pareja, como la de otras 200.000 personas, deriva de cuando la sanidad se financiaba por la Seguridad Social. 'Entonces era justo que quien no cotizara no se beneficiara de la sanidad', razona Enrique Sanz, ex decano del Colegio de Abogados de Valladolid, que tampoco se beneficia de la sanidad pública.

La mayoría de excluidos de la sanidad son profesionales liberales, como abogados y arquitectos, que cotizan a una mutua privada que les pagará la pensión de jubilación cuando llegue el momento. Pero esta no les cubre la asistencia sanitaria, que consiguen contratando un seguro médico o pagando directamente la consulta. Según explica Enrique Sanz, hasta 1995, los abogados estaban obligados afiliarse a la mutua del Consejo General de la Abogacía y no podían cotizar a la Seguridad Social.

El perfil de los afectados es variopinto. Entre ellos también están los parados que no perciben subsidios de desempleo y tienen ingresos superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), de 517 euros mensuales. Por ejemplo, una mujer que se da de baja en el INEM para cuidar a su bebé.

Según explica una amiga de la afectada, mientras esta estaba embarazada trabajaba en una fábrica que quebró. Cuando acabó de cobrar la prestación por desempleo, la mujer tuvo a su hijo y se dio de baja del INEM para cuidarlo durante una temporada. Por tanto, no cotizaba ni buscaba trabajo.

Entonces, en el INEM le informaron de que ya no gozaba de sanidad gratuita. La afectada no pudo acogerse a la car-tilla de su marido, como hacen millones de personas, porque este no tiene: es abogado y cotiza a una mutua.

Tampoco gozan de sanidad pública quienes no consta que hayan trabajado anteriormente y tienen ingresos superiores al IPREM. 'Mi tía-abuela, que murió recientemente, no trabajó porque tenía una minusvalía y sus padres le dejaron recursos suficientes', relata Belén, madrileña de 32 años. 'Aunque murió con 99 años, nunca la tuvieron que operar', explica. 'Menos mal, no hubiera podido pagarlo', critica su sobrina.

No tener derecho a la sanidad pública también significa tener que abonar el coste íntegro de las medicinas. Por ejemplo, Piedy y Federico dejan cada mes en la farmacia 'unos 500 euros'. Ella tiene 'mal la espalda'. Federico sufre Parkinson y se medica tras una operación de corazón. Además, el verano pasado se rompió la cadera en su chalet de Xàbia (Alicante). Pagó 710 euros para que una ambulancia le trasladara a Madrid, donde fue operado en una de las clínicas que cubre su seguro médico.

Desde que Piedy y Federico fueron conscientes de que se les niega un servicio que financian, su hija Gema se ha dirigido a varias Administraciones competentes para que sus padres gocen 'de su derecho'.

La pareja vive holgadamente en un piso grande y luminoso, gracias a los ingresos que obtuvieron al vender su finca de Paracuellos y a sus ahorros: Federico compaginó su trabajo en el campo con el de comercial vendiendo coches.

La respuesta que la Consejería de Sanidad de Madrid y el Ministerio de Trabajo han dado a la pareja de jubilados ('ni han cotizado ni son personas sin recursos económicos suficientes') deja una vez más patente que las normas que marcan quién se beneficia del SNS están reñidas con la naturaleza de las leyes y con la forma con que se financia el sistema.

El Defensor del Pueblo reconoció en una carta dirigida a este matrimonio, la injusticia de casos como el suyo y añadió que no son los únicos que se han dirigido a él. En su escrito, el Defensor del Pueblo reconoce la 'necesidad de proceder a la plena y efectiva universalización de la asistencia sanitaria' y asegura que ha solicitado al Ministerio de la Presidencia 'un informe acerca de la viabilidad de impulsar la reforma legal adecuada' para que la sanidad sea universal también en la práctica.

El Congreso aprobó en septiembre una Proposición no de Ley en la que 'mandata al Gobierno a que estudie qué colectivos no tienen la prestación', explica el impulsor de la iniciativa, el diputado de IU, Gaspar Llamazares. 'Espero que a principios de 2009 la valoración esté hecha', añade.

Francisco Sevilla, consejero de Sanidad y Consumo de la representación española en la UE, reconoce la injusticia y explica que 'se trata de completar el proceso de universalización de la sanidad que se inició en 1986, con la Ley General de Sanidad'. El proceso es complejo y lento, asegura.

El Defensor del Pueblo cifra en un 0,6% (unas 276.000 personas) el porcentaje de la población que no tiene derecho a la asistencia sanitaria. Pero el número exacto de afectados no está contabilizado. Las fuentes consultadas coinciden en que la cifra ronda los 200.000.

'La sanidad es un derecho constitucional, no diferencia entre ricos y pobres', defiende Francisco Sevilla. La adjunta a la Secretaría de Política Institucional de CCOO, Blanca Villate, defiende este derecho universal, aunque según destaca, la mayoría de excluidos, 'una minoría', son 'colectivos económicos solventes'. El secretario confederal de Empleo y Protección Social de UGT, Jesús Pérez, insiste en que 'de una vez se debe poner en práctica lo que dice la ley'.

Catalunya sí ha avanzado. La Generalitat ha preparado un decreto para universalizar la sanidad. Según explican en la Conselleria de Salut, el trámite para que la medida sea efectiva durará unos nueve meses.