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Sanidad rechaza que los dependientes paguen más

El Gobierno cuestiona un informe encargado por el Congreso que propone medidas liberales como el copago sanitario y cambios en el baremo que marca el grado y nivel de dependencia

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La solución al atasco de la Ley de Dependencia no pasará por que los ciudadanos tengan que rascarse el bolsillo. El Gobierno se mostró ayer tajante y no seguirá los principales consejos en materia de financiación que recoge el informe, elaborado por cinco expertos, que encargó hace un año el Congreso y que hizo público ayer el secretario general de Política Social, Francisco Moza, en la comisión de Sanidad, Consumo y Política Social de la Cámara Baja.

El documento, no vinculante, plantea reformas de tendencia liberal para garantizar la estabilidad financiera del sistema. Entre estas, destaca su apuesta por imponer 'el copago sanitario [por el cual los jubilados tendrían que pagar sus recetas] a cambio de aumentar los recursos financieros para los futuros dependientes'.

Los expertos también proponen que los ciudadanos paguen 'primas regulares a partir de una cierta edad a un seguro obligatorio de dependencia (como si fueran cotizaciones)' o que lo sufraguen mediante una 'prima única a los 65 años'. Moza aseguró que el Gobierno no cederá en estos dos puntos: 'Los ciudadanos ya pagan sus impuestos', argumentó.

Asimismo, el informe considera oportuno 'establecer una cotización social adicional a la que ya existe para las pensiones, quizás capitalizándola en un fondo de seguro'. Sin embargo, esa medida ya fue descartada en el debate inicial de la Ley, recordó el secretario general de Política Social.

Además, el estudio sugiere 'integrar la financiación privada de la dependencia en el conjunto del sistema', una opción que Moza rechazó de lleno: 'El sistema de la dependencia es un sistema público, así nació y así se tiene que desarrollar', insistió.

El informe también propone que el dinero que el Gobierno da a las comunidades por cada persona atendida (nivel mínimo) no se reparta en función del grado de dependencia, sino del tipo de recurso que se preste. Así lo vienen pidiendo varias comunidades autónomas de distinto signo político desde hace meses.

Gobierno y expertos apenas si coinciden en dos puntos referentes a la financiación. Uno de ellos se refiere a la partida presupuestaria destinada a la Ley. Los expertos plantean que se integre en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), una petición que ya está reconocida en el proyecto de la LOFCA que aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio.

Los autores del informe también abogan por aumentar la cesión del IVA a las comunidades

Los autores del informe también abogan por aumentar la cesión del IVA a las comunidades, para que dispongan de más capital para aplicar la Ley. Si la LOFCA, que está en trámite parlamentario, sale adelante, las comunidades pasarán a recabar del 35% al 50% del IVA; del 35% al 50% del IRPF recaudado, y del 40% al 58% de lo que se ingresa en los impuestos especiales.

Más allá del encarnizado debate sobre cómo financiar el sistema, el informe destaca que se debe reformar el baremo con el que se define el grado y nivel de dependencia de quienes solicitan las ayudas. Moza adelantó que el Ministerio ya está trabajando para modificarlo. El baremo actual deja fuera del sistema a muchos enfermos mentales, ya que no valora situaciones en las que no pueden valerse por sí mismos. Además, el estudio destaca la necesidad de que los grupos de profesionales que aplican los baremos sean homogéneos. Moza se comprometió a resolver estas divergencias.

El representante de Política Social también aseguró que se reducirían los tiempos de espera. A fecha 1 de octubre, de las 672.748 personas con derecho a prestación, 465.501 ya las reciben. El resto aún espera que se determine qué tipo de ayuda se le va a conceder.

Moza aprovechó la comparecencia en el Congreso para presentar otro estudio, de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas (AEVPP) dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas. Entre otros aspectos, el texto denuncia las irregularidades que se dan en las comunidades a la hora de aplicar la Ley y recuerda al Gobierno que dispone de las herramientas legales para apretar las tuercas a quienes no apliquen la normacomo es debido.

Este estudio coincide con el encargado por el Congreso al denunciar falta de transparencia de las comunidades en la aportación económica que hacen al sistema. Ambos estudios se tendrán en cuenta en la evaluación de la Ley que ya prepara el Ministerio.

El PP criticó la 'insuficiencia financiera claramente probada del sistema'

La financiación centró las intervenciones de los portavoces parlamentarios. Lourdes Méndez, del PP, criticó la 'insuficiencia financiera claramente probada del sistema' y exigió revisar el modelo de financiación, para que el nivel mínimo dependa 'de la ayuda que se da y el Estado cubra al menos el 50% del total'. La argumentación de Joseba Agirretxea, del PNV, y de Joan Tardà, de ERC, fue en la misma línea.

Desde el PSOE, Marisol Pérez concluyó que el Estado ha pagado la mitad de lo invertido en dependencia. Para ello, adujo que cada dependiente cuesta 10.000 euros al año y que se han beneficiado del sistema 400.000 usuarios. De esos 4.000 millones de euros, el Estado ha dado la mitad. Por su parte, Carles Campuzano, de CiU, propuso revisar la Ley para garantizar la sostenibilidad del sistema.

El grupo de expertos independientes que el Congreso nombró hace un año no ha resultado ser tan objetivo como se esperaba. Las propuestas que han hecho en el marco de la financiación, claramente liberales, han desatado las críticas de profesionales del sector, sindicatos y otros expertos del área. El grupo lo han formado Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá de Henares; Simón Sosvilla y José Antonio Herce, profesores de Economía de la Universidad Complutense de Madrid; Guillem López, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), y Montserrat Cervera, directora del Área Social de la empresa privada Antares Consulting. Estos dos últimos fueron nombrados por CiU, el grupo que instó al Congreso a pedir un informe a un grupo de expertos independientes. Se da la circunstancia que Montserrat Cervera formó parte del último Gobierno de Jordi Pujol antes de fichar por la empresa privada. 'Excepto Gregorio Rodríguez Cabrero, los demás son personas de conocida sensibilidad liberal o socioliberal. De ahí que, como era de esperar, se hagan propuestas como la de favorecer el aseguramiento privado de los servicios de dependencia, limitando los servicios públicos, o la de eliminar la exención de pago de fármacos a los pensionistas, haciéndoles pagar', denuncia Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España.

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