El presidente francés, Nicolas Sarkozy, no renuncia a que la ley que prevé la creación de centros especiales para internar a criminales especialmente peligrosos tras cumplir la pena de cárcel pueda aplicarse con carácter retroactivo.

Eso es lo que afirma en una entrevista que aparece hoy en Le Parisien, en la misma jornada en la que el Boletín Oficial del Estado ha publicado el texto de la ley con la modificación dictada por el Consejo Constitucional, en el sentido de prohibir su aplicación retroactiva.

Aprobada en enero por el Parlamento, la ley afecta a todos los condenados considerados peligrosos y sentenciados a un mínimo de quince años de cárcel por crímenes tanto contra menores como adultos, como asesinatos, violaciones o torturas.

Cuando cumplan su pena los delincuentes podrán ser internados en un centro de seguridad durante un año, renovable indefinidamente, si unos exámenes médicos indican que no han superado su tendencia delictiva.

En contra del criterio del Gobierno, el Consejo Constitucional invalidó el jueves pasado que la norma se pueda aplicar con carácter retroactivo a los delincuentes peligrosos ya condenados en el momento de la entrada en vigor de la ley.

Al día siguiente Sarkozy pidió al presidente del Tribunal Supremo, Vincent Lamanda, propuestas para intentar la aplicación inmediata de la normativa, una iniciativa muy criticada por las asociaciones de magistrados y la izquierda parlamentaria.

El dirigente del Alto Tribunal ha aceptado reflexionar acerca de la petición del jefe del Estado a favor de la seguridad de los ciudadanos, pero ha dejado claro que no volverá atrás respecto a lo decidido por el Consejo Constitucional.

Recibido el mensaje, Sarkozy promulgó ayer la ley, con la modificación del Constitucional, que es lo que hoy ha publicado el Boletín Oficial del Estado.

Sin embargo, Sarkozy no renuncia a sus planes iniciales y en la entrevista con Le Parisien insiste en la necesidad de que los ya condenados puedan ser internados en esos centros.

"No voy a ceder, el principio de precaución debe aplicarse a las víctimas", apunta el presidente para justificar su posición, que pasa porque "a los locos no se les mete en prisión, sino en una estructura hospitalaria para curarles".