El Senado abre el debate de la ley que habilita la expropiación de Aerolíneas Argentinas

El Senado argentino inició hoy el debate de un proyecto de ley que habilita la expropiación de Aerolíneas Argentinas y sus subsidiarias al grupo español Marsans, iniciativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

El oficialismo, promotor de la expropiación y con mayoría propia en la cámara alta, da por descontado que el proyecto será convertido en ley por los senadores tras haber recibido el visto bueno de los diputados hace dos semanas.

Los sindicatos que agrupan a los casi 9.600 trabajadores de la línea aérea de bandera y sus subsidiarias tienen previsto concentrarse esta tarde a las puertas del Parlamento para seguir el debate en el Senado.

Las principales fuerzas de la oposición avalan la expropiación, pero no de las empresas en su conjunto, sino de solo aquellos activos utilizables para que el Estado no se haga cargo del pesado pasivo de Aerolíneas, cercano a los mil millones de dólares.

El proyecto propone declarar como empresas de "utilidad pública y sujetas a expropiación" a Aerolíneas y sus subsidiarias Austral (vuelos domésticos), Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa).

La iniciativa establece que el Estado sólo se hará cargo de las "deudas legítimas" de Aerolíneas, que deberán ser identificadas y diferenciadas de las "ilegítimas", generadas por operaciones dolosas o mala gestión de Marsans.

Una vez que el proyecto se convierta en ley, el Estado argentino, por medio del organismo que designe, ejercerá "todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren" para "garantizar la continuidad y seguridad del servicio".

Además, deberá encargarse del mantenimiento de las fuentes laborales y del resguardo de los bienes de las empresas y presentar en seis meses un plan de negocios para las compañías, intervenidas judicialmente desde el 21 de noviembre pasado.

La Ley de Expropiaciones de Argentina establece que el objeto de expropiación debe ser antes declarado de "utilidad pública" y que por él debe pagarse una indemnización que "solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación".

Según esta norma, el Estado deberá pagar la indemnización "dentro de los valores máximos que estimen a ese efecto el Tribunal de Tasaciones de la Nación", organismo que ya determinó que Aerolíneas tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que el Estado debería pagar un "valor simbólico" de un peso.

Para Marsans, dueño del 94,41 por ciento de Aerolíneas, la compañía vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.

La Ley de Expropiaciones establece que si no hay avenencia respecto del valor de los bienes, la cuestión deberá resolverse mediante un juicio sumario.

La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones recomendó hace un mes debatir esta ley de expropiación, después de que Marsans rechazara vender la firma al Estado argentino por un "valor simbólico".

El Gobierno argentino y el grupo español firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes.