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El Senado italiano estudia la expulsión de Berlusconi del Parlamento

Una votación favorable podría suponer una crisis de gobierno que sembraría dudas en los mercados y complicaría aún más la situación económica del país

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Un comité especial del Senado italiano se reúne el lunes para abordar la expulsión de Silvio Berlusconi tras su condena por fraude fiscal derivida del caso Mediaset, una decisión que podría hacer trizas la frágil coalición de gobierno y sumir a Italia en una nueva crisis política.

Miembros destacados del partido de centroderecha de Berlusconi, el Pueblo de Libertad (PDL), han amenazado con retirarse del Gobierno del primer ministro Enrico Letta si Berlusconi es despojado de su escaño en el Senado.

El proceso, que podría llevar al menos a un exilio temporal al multimillonario exprimer ministro, podría durar semanas. Con las tensiones en aumento entre los socios de coalición, el conflicto abierto en la reunión del lunes podría provocar una crisis.

El comité de 23 miembros, con representantes de los principales partidos, está dominado por adversarios de Berlusconi. Al menos 14 parlamentarios probablemente voten a favor de la expulsión.

La deuda pública italiana es de dos billones de euros, un 127% del PIB 

Los mercados financieros están con los nervios de punta mientras la tensión política se ha elevado antes de la reunión, aumentando los costes de la deuda.

Italia tiene una deuda pública de dos billones de euros, un 127% del PIB y se encuentra hundida en su mayor recesión desde la II Guerra Mundial, por lo que los empresarios han advertido de que la agitación política podría arruinar los primeros destellos de un cambio.

'La estabilidad política es una condición previa para la recuperación económica, y si hubiera una crisis, la recuperación estaría en riesgo', dijo Federico Ghizzoni, consejero delegado de Unicredit, el mayor banco de Italia por activos, el fin de semana.

El Partido Democrático (PD) de centroizquierda de Letta ha insistido en que Berlusconi no puede continuar en el Parlamento después de que el Tribunal Supremo lo condenara por estar en el centro de una enorme red de evasión de impuestos en su imperio televisivo Mediaset.

El PDL dice que Berlusconi, sentenciado a cuatro años en prisión, ha sido un injusto objetivo de jueces de izquierdas y acusa al PD de usar tácticas judiciales para eliminar a un rival que ha sido incapaz de derrotar políticamente.

Las complicadas normas del comité podrían evitar un enfrentamiento inmediato entre el PD y el PDL, que se vieron obligados a entrar en una coalición no deseada después de las elecciones no concluyentes de febrero.

El comité tiene previsto reunirse a las 15.00 horas con propuestas sobre cómo organizar los procedimientos, que podrían dejar claro si hay o no algún margen para un compromiso, aunque la prensa italiana asegura que el más que probable que hasta el martes nos e tome la decisión.

Los abogados de Berlusconi argumentan que la 'ley Severino', bajo la cual los políticos condenados no pueden ser elegidos para el Parlamento, no puede aplicarse en su caso porque se aprobó el año pasado.

Además, han recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quieren que el comité del Senado retrase el procedimiento hasta que el Tribunal Europeo decida o el Constitucional italiano falle sobre si la ley es válida.

Esa posibilidad ha sido rechazada por el PD, que acusa al PDL de intentar perder el tiempo con apelaciones sin fundamento.

Mientras siguen las maniobras, el presidente Giorgio Napolitano, que ha tenido un papel decisivo entre bambalinas en la política italiana desde que emergió la crisis de Berlusconi, podría volver a tener una participación significativa.

Ha dejado claro que es reticente a convocar nuevas elecciones y podría tratar de organizar un nuevo gobierno de coalición si el centroderecha retira su apoyo a Letta.

Sea cual sea el resultado de la reunión del comité, Berlusconi se enfrenta a meses en tierra de nadie en lo que a la política se refiere, que podría impedirle presentarse a cualquier elección si cae el Gobierno.

Su condena de cuatro años, reducida a uno por su edad, podría impedirle participar en la política nacional si se convocan elecciones este año.

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