La Corte Internacional de Justicia (CIJ) aceptó ayer la promesa de las autoridades senegalesas de que mantendrán en su territorio al ex dictador de Chad Hissène Habré, acusado de crímenes de lesa humanidad y que debe ser juzgado en Senegal por orden de la Unión Africana.

Los jueces de la CIJ, cuya sede está en La Haya, descartaron la adopción de medidas provisionales para obligar a Senegal a mantener a Habré dentro del país. Así lo había solicitado Bélgica, que también tiene una causa abierta contra Habré y, ante el retraso de Senegal en juzgarlo, ha demandado al país africano en la CIJ para que ésta le ordene juzgarlo o extraditarlo sin demora.

La delegación senegalesa ante la CIJ 'declaró solemnemente que su Gobierno no permitirá a Habré abandonar Senegal mientras dure el proceso' en el tribunal de la ONU, por lo que, con esa declaración solemne, 'la petición de medidas provisionales deja de tener sentido', según los términos del fallo judicial.

'La Corte ha dejado claro que confía en la buena fe senegalesa para que Habré no escape. Esta decisión judicial mantiene la presión sobre Senegal', dijo a Público el portavoz de la organización de derechos humanos Human RightsWatch, Reed Brody.

Habré se exilió en Senegal en 1990, después de ser derrocado, y desde entonces ha vivido exiliado en Dakar.

El temor de las víctimas es que Habré trate de escapar a otro país para no ser juzgado. Un temor no descabellado a tenor de las declaraciones que hizo el presidente Abdoulaye Wade, en una entrevista con Público el pasado octubre.

'Espero que se movilicen [los fondos para el juicio], porque yo no voy a guardar indefinidamente a Habré', dijo entonces Wade. Preguntado sobre qué hará si el proceso se retrasa mucho, Wade respondió: 'Haré que [Habré] abandone Senegal. Yo no estoy obligado a juzgarlo'.

Según Brody, la decisión judicial de ayer zanja la cuestión, puesto que Wade ya no se puede permitir la vergüenza internacional de dejar escapar a un hombre buscado por crímenes de lesa humanidad. 'Ahora, la atención vuelve a estar puesta en Senegal y en qué plan tiene para juzgar a Habré', agregó Brody.

Hace dos años y medio, la Unión Africana ordenó a Senegal que cambiara su ley para dotar a sus órganos judiciales de competencias en casos de jurisdicción universal, de modo que pudiera sentar en el banquillo al ex dictador. La ley se ha cambiado, pero el presidente Wade reclama que la comunidad internacional financie los 27 millones de euros que estima costará el juicio, mientras la Unión Europea exige un presupuesto más realista.

'Esperamos que las autoridades senegalesas permitan por fin a la justicia hacer su trabajo', dijo ayer el presidente de la Asociación de Víctimas de Crímenes y Represión Política en Chad, Souleymane Guengueng. 'Hace más de 18 años que luchamos contra la impunidad de que goza nuestro antiguo verdugo. ¡Muchas víctimas han muerto ya!', denunció.

Habré gobernó Chad entre 1982 y 1990. Una Comisión de la Verdad creada tras su marcha lo acusó de 40.000asesinatos políticos y de practicar la tortura de forma sistemática.

Las víctimas presentaron primero una demanda contra Habré en Senegal en 2000 pero los tribunales del país se declararon incompetentes.

La demanda se planteó entonces en Bélgica, de donde procedían algunas de las víctimas del dictador.

Tras cuatro años de investigación, Bruselas emitió en septiembre de 2005 una orden internacional de arresto contra Habré y lo acusó de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos en Chad entre 1982 y 1990.

Bélgica exigió a Senegal que extraditara a Habré, a lo que el país africano se negó.

Senegal pidió que fuera la Unión Africana la que se pronunciara al respecto. Ésta pidió a Dakar en julio de 2006 que juzgara a Habré 'en el nombre de África'. Tres años después, aún no ha habido juicio.