Piden lo que tendría que ser un hecho: independencia en la justicia. La coordinadora Girasol de asociaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Andalucía, Ceuta y Melilla exigió ayer a los jueces que apliquen la separación Iglesia-Estado, tras hacerse pública la tercera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC). “El fallo es homófobo, una aberración conservadora que llega cuando hemos conseguido la igualdad”, denuncia el presidente de Girasol, Javier García, en conversación telefónica.

La sentencia anula tres expresiones y una frase del texto de la materia que hacen referencia a la “ideología de género”, un peligro del que viene avisando desde hace tiempo la Conferencia Episcopal. Traducido: al tribunal no le gusta que EpC enseñe a los alumnos a no discriminar a los homosexuales. “La sentencia va en perjuicio de los propios estudiantes; en un país aconfesional no tiene cabida la imposición del criterio religioso sobre el conjunto de una sociedad diversa”, añadió García.

La coordinadora cree que la decisión del TSJA borra su propia realidad al tratar de mantener a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en el “desfasado status de colectivo tabú”. No obstante, confía en que el Supremo, que tiene ahora la palabra, desautorice el criterio “tendencioso” del TSJA.

La Federación Andaluza de Asociaciones de Lesbianas y Gays también calificó de “equivocada” la sentencia: “El Estado debe actuar en favor del respeto a la diversidad afectivo-sexual que debe estar presente en escuelas y colegios”.

Este jueves, el vicepresidente primero del Gobierno andaluz, Gaspar Zarrías, dijo que la sentencia no paraliza la aplicación de EpC y respondió con dureza: “Es una cruzada de los sectores sociales más reaccionarios y conservadores, dirigidos entre bambalinas por el PP”. Aguirre, en Madrid, y Camps, en Valencia, lideran el boicot de las comunidades del PP a Ciudadanía.