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La Sindicatura criticó en 2007 la gestión en Santa Coloma

Ningún grupo del Parlament pidió analizar el informe ni el síndico lo llevó a la Fiscalía

F. C.

La Sindicatura de Cuentas, ente censor de las finanzas públicas catalanas, envió en 2007 al Parlament un informe de 112 páginas muy críticó con la gestión del Ayuntamiento de Santa Coloma donde apuntaba irregularidades contables cometidas en el ejercicio 2003. Ninguna está directamente relacionada con el caso de corrupción destapado el martes. Pero si los indicios se hubieran investigado más a fondo, se podría haber detectado la trama ligada al Consistorio y a ex altos cargos de CiU.

¿Qué fue lo que pasó? Pues que en el Parlament ningún grupo analizó a fondo ni pidió debatir el informe. "Los medios de los grupos parlamentarios para analizar la documentación que llega son los que son y llegan decenas de ellos muy voluminosos sobre ayuntamientos, cámaras de comercio, patronatos...", se justificaba ayer un dirigente del tripartito. Los síndicos sólo comparecen de oficio para presentar y debatir en sede parlamentaria los estrictamente referidos a la propia Generalitat. Cuando la Sindicatura envía informes relativos a administraciones locales a los que Hacienda no fiscaliza o a las universidades, los grupos tienen 15 días para pedir comparecencias si lo consideran conveniente.

El informe de Santa Coloma, que contó con el voto discrepante de uno de sus autores, señala anomalías en el impuesto sobre las plusvalías de terrenos urbanos, en la gestión del personal y en las inversiones reales y su financiación. En este último capítulo se incluyen las irregularidades en la adjudicación de obras y servicios municipales, que es justo el procedimiento que habría utilizado la trama para enriquecerse. Así, por ejemplo, se detectan casos de adjudicaciones a la carta en que primero se presentó la oferta y luego se aprobó el proyecto con las condiciones.

El Govern sostiene que la Sindicatura no se pensó para "combatir el fraude"

Pero lo que en realidad pone encima de la mesa es un estilo de gobernar opaco y con tics clientelares. El mejor ejemplo es una política de contratación arbitraria.

En 2002, la Sindicatura ya envió un informe al Parlament alertando de irregularidades en el Palau de la Música. Tampoco entonces nadie pidió investigar más. El presidente de la institución, Fèlix Millet, lo recibió y se comprometió por carta a subsanar todas las "incidencias".

En el Govern admiten que se puede hacer más, pero recuerdan que tampoco la Sindicatura "ha llevado nunca" las irregularidades que ahora airea a la Fiscalía para que tirara del hilo. Hay quien incluso insinúa que el síndico mayor, Joan Colom, reivindica su gestión, dolido por la creación de la Oficina Antifraude, un órgano alumbrado en mayo para impedir este tipo de casos y nutrir de información a la Fiscalía. Precisamente, el director de este órgano, creado a instancias de ERC, es el ex fiscal anticorrupción David Martínez Madero, que adquirió fama tras participar en la investigación del caso del lino. El PSC se resistía a que la Oficina Antifraude controlara los ayuntamientos. Al final lo hará con limitaciones.

El Govern sostiene que la Sindicatura no se pensó para "combatir el fraude" sino para asegurar la correcta gestión de recursos públicos.

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