La Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) intercambiarán información sobre denuncias de irregularidades o fraudes que afecten al ámbito competencial de cada organismo, según el convenio que han pactado y que está a punto de firmarse.

En una entrevista concedida hoy a Efe, el Síndic Major de la Sindicatura de Cuentas, Jaume Amat, ha explicado que cuando el ente que preside reciba una denuncia "fundamentada" de un supuesto fraude "la transferirá a la Oficina Antifraude de Cataluña" para que la estudie.

Asimismo, la OAC, dirigida por Daniel de Alfonso, remitirá a la Sindicatura las sospechas de irregularidades contables que puedan ser "susceptibles" de formar parte de su plan de trabajo.

Las relaciones entre ambas instituciones son buenas y ya colaboran en el día a día, pero el convenio contribuirá a definir mejor el terreno de actuación de cada ente.

El otro punto básico del convenio que han pactado las asesorías jurídicas de estos organismos se refiere a la formación del personal de ambas instituciones.

Amat ha asegurado que los auditores de la Sindicatura conocerán "sistemas de trabajo en el ámbito de la lucha contra el fraude", mientras que el personal de la OAC adquirirá mayor formación en asuntos de contabilidad y gestión.

A pesar de que la creación de la OAC provocó en un principio fricciones con el anterior Síndic Major, Joan Colom, por la posibilidad de que sus funciones se solaparan, estos organismos tienen una relación cordial y su terreno de actuación está bastante delimitado.

"Tienen funciones bastante diferentes", ha subrayado Amat, que recuerda que la Sindicatura, como ente fiscalizador del sector público catalán, actúa de acuerdo a un plan de trabajo aprobado por el Parlament y que sus informes son públicos.

"Nuestro objetivo no es tanto buscar una malversación o un fraude, aunque si en la fiscalización lo encontramos, lo afloramos, sino analizar los sistemas de gestión de un organismo", al contrario que la OAC, que actúa de forma "mucho más similar a una fiscalía", ha insistido.

La Sindicatura negocia otro convenio con el Tribunal de Cuentas para definir el papel del organismo catalán cuando se detectan indicios de responsabilidad contable.

Los letrados de la Sindicatura hacían hasta ahora la instrucción de todos los casos de este tipo detectados en Cataluña, pero ahora la institución que dirige Amat quiere hacer constar sus competencias en un convenio, para que quede claro que "como mínimo" la Sindicatura se encargará de la instrucción de los casos destapados como fruto de informes suyos.

La responsabilidad contable, un supuesto que se detecta en un 10 % de los informes que elabora la Sindicatura, se da, por ejemplo, cuando un alcalde o un concejal crea una tasa y luego se desentiende de cobrarla, lo que genera un perjuicio al ayuntamiento por el que debe responder con su patrimonio.

Por otra parte, la Sindicatura de Cuentas sigue buscando una nueva sede que sea propiedad de la Generalitat con el fin de ahorrar los 1,3 millones al año en alquiler y mantenimiento de la actual, situada en un edificio de oficinas de la Villa Olímpica de Barcelona.