La subdelegada del Gobierno en Lleida apoya las redadas contra los 'sin papeles'

La subdelegada del Gobierno en Lleida, Inma Manso, levantó ayer, jueves, una polvareda tras reconocer que en las redadas producidas recientemente en la ciudad catalana la Policía "no buscaba delincuentes sino inmigrantes indocumentados".

Durante la inauguración del congreso sobre el derecho de extranjería del Consejo General de la Abogacía celebrado en Lleida, Manso afirmó: "Los agentes son profesionales y tienen en cuenta al pedir documentación, hábitos, actitudes y etnias porque hay indudablemente más inmigrantes de otras etnias que de la nuestra".

Posteriormente, en declaraciones a la cadena Ser, Manso, fue aún más clara: "Quiero dejar muy claro que no estamos buscando a delincuentes, sino a inmigrantes sin papeles. Como la Policía es muy profesional, tiene en cuenta hábitos, actitudes y etnias a la hora de seleccionar a quién se pide la documentación, porque no se puede pedir a todo el mundo".

Las palabras de Manso provocaron la condena del Consejo General de la Abogacía Española hacia las "redadas indiscriminadas" contra ciudadanos extranjeros.

"Hay más inmigrantes de otras etnias que de la nuestra"

El Consejo General de la Abogacía Española, que apoyó públicamente en mayo de 2012 las nuevas directrices de la Dirección General de la Policía destinadas a evitar la detención indiscriminada de extranjeros basadas únicamente en criterios étnicos, recuerda que la detención de personas por meros indicios migratorios, sin ser sospechosos de la comisión de un delito, no tiene cobertura legal en el ordenamiento jurídico español.

Además, denuncia en un comunicado la práctica de controles de identificción de personas basados en perfiles étnicos y raciales, así como la incoación de expediente sancionador por estancia irregular en territorio nacional, "a pesar de que esto es una mera infracción administrativa".

El Consejo General de la Abogacía comparte que el trabajo de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía encaminado a la prevención del delito se dirija en materia de extranjería, primordialmente, a la erradicación de las redes de inmigración ilegal y trata de personas, así como a la expulsión de extranjeros en situación irregular sujetos a procedimientos penales, pero siempre desde la garantía de los derechos y libertades.

"Si de verdad creemos que los extranjeros que están en España son iguales que nosotros, debemos tratarlos con igualdad, respetando siempre sus derechos", dijo el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer.