Este artículo se publicó hace 16 años.
Sube el riesgo de impago en España en 2008 después de cuatro años de bajadas
El riesgo de impago de las empresas españolas se ha incrementado en lo que va de año hasta 159 puntos después de cuatro años consecutivos de descensos, según el estudio anual de Índice de Riesgos de Intrum Justitia, multinacional europea especializada en servicios de gestión de crédito.
Este índice, que mide el riesgo de impago en 25 países europeos, otorga a España 159 puntos en una escala que va desde 100, cuando no existe riesgo de impago, hasta 200, cuando el caso es grave y exige medidas "urgentes".
Para el cálculo de este índice, que en 2007 se situaba en 158 puntos, se incluyen los datos de pequeñas, medianas y grandes empresas así como del sector público.
España se sitúa en niveles similares a Inglaterra, Alemania, Italia y Polonia, por debajo de Portugal o Grecia pero muy lejos de los países nórdicos, donde el nivel de impagos ronda los 120 puntos.
El retraso en los pagos provoca, según Intrum, costes adicionales para las empresas españolas de cerca de 25.000 millones de euros anuales.
Para Luis Salvaterra, director General de Intrum, el aumento del riesgo de impago en España responde a las mismas causas que para sus vecinos europeos: la crisis crediticia, la desaceleración de la economía y el repunte del precio del petróleo.
Sin embargo, España presenta algunas peculiaridades propias, como la escasa profesionalización en la gestión de créditos y la lentitud en la formalización de los pagos.
De media, en España los pagos se efectúan a 90 días -en el sector público el plazo es aún mayor y llega a los 144 días-, mientras que en Europa no llega a los 60.
A la existencia de plazos tan dilatados se añaden los efectos de la desaceleración de la economía en dos sectores clave para el desarrollo económico español, la construcción y la mano de obra inmigrante.
Salvaterra indica que una de las principales barreras para el comercio la constituye, precisamente, la diferencia en los plazos entre países, que además "perjudica la imagen internacional de España, que es percibido como un país en el que se tarda mucho en cobrar las facturas".
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