España lidera un triste ránking: tiene la mayor tasa de paro (18,7%) de la OCDE. Para intentar acabar con ese drama, y en medio de una grave crisis económica, Gobierno, patronal y sindicatos negocian desde hace un año medidas para impulsar el empleo en el marco del Diálogo Social, el foro que alumbró dos de las tres últimas reformas laborales (las de 1997 y 2006).

Con la reforma de 2002 muy presente (la que le costó al PP una huelga general, tras desoír a los sindicatos), y a pesar de que las medidas que se negocian serían más un retoque que una reforma en sí, el Gobierno insiste en que se buscará el 'máximo consenso'.

Como en toda negociación, en estos 12 meses ha habido importantes desencuentros. Quizá el más representativo fue la petición de CEOE de crear un nuevo contrato, con sólo ocho días de indemnización por despido. La propuesta alentó el debate: 100 economistas presentaron un manifesto que, sin llegar a tanto como la patronal, pedía un único contrato con indemnizaciones por despido crecien-tes con los años trabajados.

Los sindicatos contestaron con otro documento, suscrito por 700 expertos, en el que pedían que las medidas que se adopten para revertir la grave situación del empleo no arranquen por el mundo del trabajo, que 'no ha sido la causa de la crisis'.

Tras dar por cerrado la semana pasada el ‘sudoku’ de la financiación autonómica, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no quiere irse de vacaciones sin tener otra foto en su despacho: la de un acuerdo entre la patronal y los sindicatos para intentar poner fin a la sangría del desempleo. Aunque el Ejecutivo está dispuesto a esperar hasta el próximo septiembre para sellar el pacto, en los últimos días, y a la vista del progresivo distanciamiento entre las partes, Zapatero se ha implicado personalmente en los contactos, en un movimiento que se escenificará en la cena prevista en Moncloa para mañana, en la que se abordará la nueva propuesta que el Gobierno presentó ayer a las partes.

Como ha dicho recientemente el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, el acuerdo debería cerrarse “a poder ser antes de vacaciones, porque la crisis no entiende de fechas”. “¿Por qué es necesario anticipar el acuerdo?”, se preguntó Corbacho hace un par de semanas, “por una razón obvia: debemos abordar medidas, discutirlas e implementarlas. Y por tanto no debemos perder excesivamente el tiempo”. El Ejecutivo “no contempla la hipótesis” de legislar sin un acuerdo previo entre patronal y sindicatos. Hasta ahora, las posiciones han estado muy distanciadas, ya que los sindicatos consideran “maximalista” la propuesta de la patronal de rebajar las cuotas a la Seguridad Social hasta un 5%, porque entienden que pondría en peligro la sostenibilidad del sistema de pensiones.

El pasado 2 de julio, justo después de mantener una reunión con el líder del PP, Mariano Rajoy, CEOE descolocó a los sindicatos con una propuesta considerada por estos “de máximos”, cuya principal petición es la de rebajar en cinco puntos las cotizaciones que pagan las empresas a la Seguridad Social. CEOE argumenta que esa rebaja podría llevarse a cabo sin necesidad de tocar los impuestos, pese a que cada punto de recorte tendría un coste de 3.600 millones de euros, según ha dicho el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

La patronal propone además lo que ha bautizado como el “Contrato del siglo XXI”, una nueva modalidad de dos años que prevé una indemnización por despido de ocho días por año; la bonificación del 100% de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social (frente al 50% actual) en el periodo de vigencia de los expedientes de regulación de empleo (ERE); anticipar la separación de las fuentes de financiación de los complementos de mínimos o que sea la Seguridad Social, y no el empresario, como actualmente, la que se encargue de pagar la prestación por baja laboral entre el cuarto y el décimoquinto día en caso de baja del empleado, de forma que la empresa solo pague los cuatro primeros días de convalecencia. Las dos últimas propuestas de la patronal son “tratar la representatividad de los autónomos”, además de mejorar las garantías del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en sus líneas de crédito . 

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, rechaza una rebaja de las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social, como pide CEOE. Sí estaría dispuesto a aceptar un recorte temporal que, en ningún caso, serían los cinco puntos que reclama la patronal. A cambio, Méndez pide un subsidio de 420 euros al mes durante un año a los parados que agoten su prestación por desempleo, que esté desligado a lo que dure la crisis (es decir, sin fecha de caducidad).

Las demandas de UGT están en línea con las que presentó junto a CCOO el pasado 20 de mayo: junto a una serie de medidas estructurales, como apostar por la I+D+i para reducir la dependencia del ‘ladrillo’, mejorar el sistema educativo y ampliar la protección social, ambas organizaciones piden medidas urgentes, como subir los impuestos a las rentas más altas; dar más margen de endeudamiento del Estado; promover la ‘flexiseguridad’ interna en las empresas y reforzar el poder sindical en sus consejos de administración; poner en marcha programas de empleo y formación para dar trabajo temporal a los parados sin derecho a subsidios; mejorar la legislación de los ERE; revisar el funcionamiento del sistema financiero; y ampliar las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), además de que, si es preciso, el Gobierno recapitalice entidades financieras para garantizar su viabilidad. 

“Del Gobierno me fío lo justo”, dijo hace unas semanas el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, respecto a la promesa del Ejecutivo de que no aceptará las pretensiones de CEOE en la negociación del Diálogo Social. El dirigente sindical se fía “más de la capacidad de negociación y de alcanzar acuerdos” de su sindicato, porque los gobiernos “hoy dicen una cosa y mañana otra”. Toxo ha insistido en que la negociación debería alejarse de las propuestas “de máximos” de CEOE, contra las que se ha mostrado más beligerante que UGT.

Según el líder de CCOO, la patronal es “un ‘lobby’ muy poderoso” que ha encontrado “voluntarios” para “canalizar” sus propuestas en el Congreso, como CiU o el presidente del PP, Mariano Rajoy. La mayor diferencia entre UGT y CCOO es que este último sindicato rechaza de plano que se rebajen las cotizaciones sociales, como ha pedido la patronal. Ambos comparten la urgencia de cerrar “cuanto antes” un acuerdo para poner en marcha medidas urgentes contra el paro, de modo que otras reformas de carácter estructural queden para más adelante. Entre las medidas que CCOO considera “inaplazables” estarían la ampliación de la red de protección para las personas en paro que hayan agotado su prestación, para quienes reclama una renta de 420 euros durante un año, y la mejora del acceso a la financiación para empresas y familias.