“Punto 10: Este dictamen será remitido al Ministerio Fiscal”. Y final.

Así concluye el dictamen de la comisión parlamentaria que investiga el proyecto de la Cidade de Cultura de Galicia y que, salvo imprevistos, será aprobado esta semana y enviado al pleno de la Cámara gallega. El dictamen ha sido consensuado por el Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

El Partido Popular ya ha manifestado su rotunda oposición al contenido del informe. Y es que la Cidade da Cultura es una de las principales bazas políticas manejadas por los partidos políticos que actualmente gobiernan Galicia (PSdeG y BNG) contra el afán del PP por recuperar el terreno perdido en 2005.

La foto de los hechos facilita las cosas a la izquierda: el proyecto iba a costar 108 millones y finalmente costará 475,9 millones. El que controlaba los cuartos era el cuñado del líder popular Mariano Rajoy, que accedió al puesto de director financiero de la Fundación Cidade da Cultura sin apenas experiencia profesional. Por otra parte, todavía es hoy el día en el que el debate sobre el para qué de la Cidade da Cultura es frecuente en las conversaciones en Galicia.

Dos reuniones en cinco años

Esos 475,9 millones que constará construir el complejo arquitectónico de seis edificios situado en Santiago de Compostela son el resultado de “un sueño”. Así lo aseguró el ex presidente gallego, Fraga Iribarne, cuando compareció ante la comisión de investigación. “Y los sueños, sueños son”, citó.

Uno de los problemas, según el dictamen propuesto por PSdeG y BNG fue la manera en la que ese sueño se convirtió en realidad. Abundan los ejemplos. La comisión de investigación ha sabido que el grupo de trabajo que había de diseñar los contenidos del edificio dedicado a las nuevas tecnologías sólo se reunió dos veces en cinco años. Ese edificio tendrá una superficie superior a los 12.000 metros cuadrados.

Los cuestionamientos al proyecto recogidos en el dictamen se agrupan alrededor de tres ejes: indefinición del proyecto, falta de transparencia, y desviación presupuestaria. Además, hay referencias a lo polémico –y quizás irregular– de determinados contratos.

Es el caso del contrato del cuñado de Mariano Rajoy, Manuel Fernández Balboa, que a los 29 años se convirtió en director económico-financiero de la Fundación Cidade da Cultura sin apenas experiencia profesional, como ya relató Público en octubre. Su currículum cabía en un folio. Había sido becario por un año en la entidad financiera Caixa Pontevedra y jefe de Explotación provincial del Grupo Dragados. En su formación académica sólo constaba una licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales y un máster MBA.

Total descontrol presupuestario

El informe de la comisión asegura que “las características de los puestos [de trabajo en la fundación] se dibujaron para hacerlos encajar en los requisitos da alta dirección y posibilitar la colocación de personas a partir de vínculos familiares o políticos sin la experiencia mínima requirida”.
Y justo entonces cita al “cuñado del presidente del Partido Popular”.

La propia naturaleza de la fundación, cuyas cuentas controlaba Fernández Balboa, también es seriamente cuestionada. Los comisionados concluyen que fue creada “buscando una gestión que obviase los controles propios de la administración pública”.

El resultado de todo ello sería que “el control financiero interno y externo de la fundación fue débil”.

Y tan débil. Según pudo averiguar la comisión de investigación, “hasta julio de 2005 –cuando el PP perdió el control de la Xunta a favor de socialistas y nacionalistas–  ninguna de las actas de las reuniones del Patronato de la Fundación hace referencia a una estimación de los costes de las obras de la Cidade da Cultura”. El “sueño” de Fraga ya era entonces un universo de hormigón de cerca de 500 millones de euros.

El dictamen solicita que la Xunta facilite al Parlamento copia de las declaraciones patrimoniales del ex consejero de Cultura, Jesús Pérez Varela. Él fue el encargado de materializar el “sueño” del patrón. Hoy forma parte, en representación del PP, del consejo de administración de Radiotelevisión de Galicia (CRTVG). Y tiene con su mujer una sociedad, Chuvieira, SL, cuyo objeto social podría entrar en contradicción con la Ley de Incompatibilidades.

Los comisionados también piden a la CRTVG que informe sobre esto. A Varela lo acusaron, durante la comisión, de haber formado una “arañeira” (tela de araña) de empresas que se beneficiaron de las alegrías presupuestarias de la fundación. Y es que varios altos cargos de su departamento abandonaron la administración y crearon empresas que lograron sustanciosos contratos de la fundación.