"Si tú supieras a quién hay que darle la pasta, no estarías en esta situación". Esa fue la respuesta que le dio un funcionario del Ayuntamiento de Madrid a Álvaro Gallardo cuando le preguntó cómo podía evitar que precintaran su local. La conversación tuvo lugar dentro del bar, en el número 8 de la calle Ave María del barrio madrileño de Lavapiés en agosto de 2004.

Álvaro quiso más detalles, pero, según cuenta, el funcionario se negó a dárselos: "No sé ni quién eres, podrías tener una grabadora", le dijo. El local fue, finalmente, precintado, después de varios avisos del Ayuntamiento porque faltaba "un papel para conseguir la licencia de funcionamiento. Pero yo nunca conseguí averiguar de qué papel se trataba. En la Junta de Centro, de un departamento me mandaban a otro, y nunca estaba la persona que tenía que solucionar el trámite. Supongo que se referían a un papel morado, con un cinco y dos ceros". Esta junta municipal es una de las intervenidas ayer.

Pero lo peor vino después del precintado del local: "Yo quería volver a abrir porque lo había invertido todo ahí. Para eso, los técnicos municipales tenían que supervisar el establecimiento y comprobar que se adaptaba a la normativa".Álvaro cuenta que los funcionarios le obligaron a un sinfín de reformas basándose en menudencias: "Tuve que insonorizar tres veces el local porque se escapaba un decibelio, y hacer obras para añadir un centímetro a un escalón". A pesar de que hizo las modificaciones que le pidieron -algunas realizadas por empresas recomendadas por los técnicos- la licencia de funcionamiento nunca llegó porque "nunca dejó de haber un decibelio de más".

Durante los dos años siguientes, Álvaro abrió de forma clandestina. En abril de 2005, fue desahuciado. "La estrategia del Ayuntamiento es ponerlo todo tan complicado que te veas obligado a buscar otras salidas", concluye. 

"Pagué los 3.000 euros porque no me podía arriesgar a perderlo todo"

Juan (nombre ficticio) es otro afectado por la presunta trama que sí pagó por conseguir su licencia. Posee un bar en Huertas, una calle del centro de Madrid abarrotada de restaurantes y locales de copas. Hace cinco años, pagó 84.000 euros por el traspaso del negocio y 48.000 por las obras necesarias para adecuar el negocio a la normativa vigente. No obstante, para poder abrir el bar, se vio obligado a hacer una aportación extra de 3.000 euros.

"Pagué ese dinero a una consultora de ingenieros que me recomendaron otros dueños de locales", cuenta. "En teoría, a cambio de ese dinero ellos me indicaban cómo tenía que hacer la reforma. Pero, en realidad, su mayor servicio era avisarme de cuándo iba a venir el inspector para darme la licencia definitiva y, además, me garantizaban que este funcionario vendría sin ganas de incordiar".

El aviso del momento exacto en el que acudiría el inspector no es baladí, según afirma Juan: "Sé de dueños de locales que han preparado una pared de cartón piedra para simular el cuarto de la basura, por ejemplo, y así amoldarse a la ley. Ponían el muro justo antes de la llegada del inspector y después de su marcha, lo quitaban".

Juan consiguió abrir el local porque decidió "pagar, aunque sabía que parte de esos tres mil euros iría al Ayuntamiento. No podía arriesgarme a perder todo lo que había invertido en comprar y acondicionar el local". "Si no pagas, el inspector te niega la licencia por cualquier nimiedad, como que falta un centímetro de pared".