El Tribunal Supremo ha admitido a trámite una tercera querella contra el juez Baltasar Garzón, esta vez por el asunto de las escuchas en el caso Gürtel", informó el jueves el alto tribunal.

El Supremo ha admitido la querella por los presuntos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad en el caso de corrupción que salpicó a algunos cargos del Partido Popular.

Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez - cuando se encontraban ingresados como presos preventivos, incluyendo las efectuadas con sus abogados, según el auto del Supremo publicado hoy.

A Correa se le consideraba el jefe de una trama que supuestamente pagaba a altos cargos políticos para obtener favores empresariales. Sus principales colaboradores eran Crespo, ex secretario de organización del PP en Galicia, y Sánchez, testaferro de algunas de las empresas de Correa, del que además era primo.

Sánchez obtuvo en octubre la libertad bajo fianza, mientras que Correa y Crespo permanecen en prisión. Los tres están acusados de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, asociación ilícita, tráfico de influencias y falsedad, entre otros.

En la querella presentada por Ignacio Peláez, abogado de José Luis Ulibarri, uno de los imputados del caso Gürtel, se denuncia que Garzón extendió la intervención de las comunicaciones después de inhibirse a favor de los Tribunales Superiores de la Comunidad Valenciana y Madrid.

La Sala de lo Penal de Supremo ha designado al magistrado Alberto Jorge Barreiro como instructor de este caso.

El mes pasado, el Supremo aceptó otras dos querellas contra el magistrado de la Audiencia Nacional.

La primera, interpuesta Falange Española de las JONS, está en relación con su intento de investigar los crímenes del franquismo.

La segunda, por prevaricación, cohecho y estafa, investiga la posible relación entre un dinero que el juez recibió del Banco Santander durante una estancia docente en Nueva York y el archivo de una causa posterior contra el directivo de la entidad, Emilio Botín.