Este artículo se publicó hace 11 años.
El Supremo anula el decreto que impedía cotizar a los universitarios
Declara 'nulo de pleno derecho' la orden ministerial de 2011 que impedía a estudiantes universitarios y de FP cotizar a la Seguridad Social por sus prácticas en empresas
El Tribunal Supremo ha declarado "nulo de pleno derecho" el Real Decreto dictado en 2011 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que dejó a los becarios universitarios o de Formación Profesional sin posibilidad de cotizar a la Seguridad Social por sus prácticas en empresas.
La sentencia, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, responde a un recurso contencioso administrativo interpuesto por Comisiones Obreras y ordena además de la anulación, que el Real Decreto sea remitido al Consejo de Estado para que se pronuncie sobre el texto.
El objetivo es que la Comisión Permanente del órgano consultivo del Gobierno informe de la disposición adicional primera de la norma, que es la que excluye a los estudiantes universitarios que realicen prácticas académicas externas de la posibilidad de cotizar.
Este derecho se les había reconocido por acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos en el marco de la reforma de la Seguridad Social acometida en agosto de 2011 y quedó cristalizado en un Real Decreto aprobado en octubre de aquel año.
El secretario de Universidades de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Jesús Escribano, ha explicado que Educación promovió un Real Decreto semanas después que "daba marcha atrás al acuerdo alcanzado anulando esa posibilidad".
Escribano plantea que "quizá hubo presiones desde el Ministerio de Educación" para que el Ejecutivo diera marcha atrás en lo que era una previsión "para todos los becarios" y que a partir de noviembre se restringió a "unos pocos".
Ahora, el sindicato espera que "automáticamente se de de alta en la Seguridad Social a todos los becarios afectados" y se abra un proceso de diálogo para analizar el modo de que recuperar las cotizaciones que dejaron de abonarse desde el momento en que entró en vigor el decreto anulado.
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