Con una contundencia que sorprendió a los asistentes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, se dirigió ayer al Estado colombiano durante un acto institucional para que se impulse la creación de una "Comisión de la Verdad" que "salve la memoria" sobre los crímenes perpetrados por los paramilitares y que permanecen prácticamente impunes al amparo de la inoperante Ley de Justicia y Paz. La Corte ha dirigido al Gobierno Uribe una providencia para que se cree dicha institución "en cumplimiento de los pactos internacionales suscritos por Colombia y en aplicación del Derecho Internacional Humanitario".

La Comisión estaría formada por juristas, representantes de la sociedad civil, instancias diplomáticas y organismos internacionales y, según fuentes de la Corte Suprema, "será la alternativa para que los integrantes del paramilitarismo cumplan con la obligación de revelar toda la verdad sobre sus crímenes".

Las confesiones de 24.000 homicidios no han provocado ninguna sentencia

Tras un fallido intento de lograr una amnistía, impugnada por las instancias judiciales, el Gobierno de Álvaro Uribe promulgó en 2005 una Ley de Justicia y Paz por la que los paramilitares desmovilizados, unos 35.000, obtienen penas prácticamente simbólicas, en ningún caso superiores a los ocho años, si confiesan sus crímenes y resarcían a las víctimas. Después de cuatro años de aplicación de la Ley han declarado 3.845 antiguos integrantes de las "autodefensas", confesando más de 24.000 homicidios, sin que uno solo de ellos haya recibido una sentencia en firme ni reparado realmente a sus víctimas, unas doscientas mil personas, en su mayoría familiares de los muertos, que se personan en los procesos entre amenazas y frecuentes asesinatos selectivos, aunque el Estado tenga obligación de protegerlas.

El representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cristian Salazar, ha manifestado su apoyo a la creación de la Comisión de la Verdad, criticando al mismo tiempo la Ley de Justicia y Paz, que "no ha logrado las metas establecidas de producir verdad, justicia y reparación" y que prevé una condena máxima de ocho años, "cuando el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional establecen un mínimo de 30 años para los crímenes que se juzgan".

Paralelamente a los asesinatos y masacres que salen a la luz con cuentagotas, se acaba de conocer la cifra de "desaparecidos" por la violencia paramilitar, a la que se vincula en muchos casos la colaboración o la intervención directa de militares y policías: 17.000 personas, según las denuncias presentadas ante la fiscalía en los últimas 16 meses. Durante toda la dictadura militar argentina (1973-83) se produjeron 13.000 desapariciones, mientras que todas las de la dictadura de Pinochet en Chile sumaron 3.000 víctimas.

En los últimos 16 meses se han denunciado 17.000 desapariciones

Por otra parte, según fuentes gubernamentales, la mitad de los paras que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz han dejado de acudir a las citaciones judiciales y se encuentran ya en paradero desconocido. Un número importante de ellos, según las mismas fuentes, ha pasado a integrar las "bandas emergentes" del paramilitarismo que operan especialmente en las zonas de frontera y que están en la raíz de la tensión entre Colombia y Venezuela.

La petición de una Comisión de la Verdad por parte de la Corte Suprema se produce en un momento de máxima crispación en las relaciones entre esta institución y el presidente Uribe. La Corte se ha negado a designar fiscal general entre la terna que le ha presentado Uribe por considerar a sus integrantes no idóneos, al tiempo que ha denunciado estar siendo objeto de escuchas ilegales y graves amenazas.