El Supremo confirma la condena al anestesista Maeso por infectar a 275 pacientes

El Tribunal Supremo ha acordado hoy confirmar la sentencia de la Audiencia de Valencia que condenó al anestesista Juan Maeso a 1.933 años de prisión por contagiar la hepatitis C a 275 pacientes.

Así lo han informado fuentes del alto tribunal, que han señalado que la sala de lo penal de este órgano, que notificará la sentencia en los próximos días, ha rechazado el recurso de Maeso contra la citada resolución.

Los contagios se produjeron entre los años 1988 y 1997, cuando Maeso ejerció como anestesista en el hospital de La Fe y en tres clínicas privadas -Casa de la Salud, Virgen del Consuelo y Quirón- de Valencia.

Según la resolución judicial emitida por la Audiencia de Valencia el 15 de mayo de 2007, durante las intervenciones quirúrgicas, el procesado se inyectaba parte de las sustancias anestésicas que minutos después administraba a los pacientes, y lo hacía empleando la misma aguja, por lo que les contagió el virus.

El fallo, confirmado hoy por el TS, sostenía que "necesariamente, Maeso hubo de usar para sí dicho material -quirúrgico- y parte de tales fármacos antes de su empleo en los pacientes. De ninguna otra manera se explica que pudiera contaminar con restos de sangre suya el material anestésico y transmitir el virus a un número tan elevado de personas y en un periodo tan prolongado de tiempo".

Maeso, añadía la sentencia, "es portador del virus de la hepatitis C, del mismo genotipo -minoritario e infrecuente en España-", que el que presentan las víctimas, y "la única forma" en que pudo transmitirlo es "por vía percutánea o parenteral".

El TS confirma también que el anestesista deberá compensar con 20.374.065 euros a los afectados, según estableció la sentencia, que declaró a la Conselleria de Sanidad valenciana responsable civil subsidiaria "de todas las indemnizaciones", tanto por la actuación del procesado como funcionario en el hospital La Fe, como por su intervención en las tres clínicas privadas citadas.

El fallo del Tribunal Supremo llega más de 20 años después de que se registraran los primeros contagios y tras un juicio que duró cerca de año y medio, en el que declararon más de 600 testigos.