El Tribunal Supremo (TS) ha acordado este miércoles declarar improcedente el despido colectivo de Telemadrid que costó hace ya más de un año el puesto a un total de 925 trabajadores de la cadena autonómica y de sus sociedades, según fuentes del Alto Tribunal.

 El Pleno de la Sala de lo Social del Supremo ha confirmado así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 9 de abril de 2013, que declaró no ajustado a Derecho el despido colectivo de los trabajadores de Telemadrid con la extinción de 925 contratos decidido por la empresa.

El TSJ reconoció una indemnización de 45 días por año trabajado a los empleados de Telemadrid, en el cómputo hasta la reforma laboral de 2012, y de 33 días por año a partir de la reforma. Si el despido ahora confirmado hubiera sido considerado procedente, la indemnización habría alcanzado los 20 días por año.

A diferencia del precedente de Canal 9, el despido de los trabajadores de Telemadrid no significa la readmisión de los 925 trabajadores y de sus sociedades.

En el caso de Canal 9, el TSJ de la Comunidad Valenciana declaró nulo el pasado 4 de noviembre el despido de 1.198 empleados por vulnerar el principio de igualdad en la selección del personal afectado; en el caso de Telemadrid el despido es improcedente. En realidad, la expresión legal es despido "no ajustado a derecho".

La reacción de la Generalidad Valenciana fue cerrar el ente autonómico, al argumentar que no podía hacer frente a esa masa salarial.

La decisión del Pleno de la Sala de lo Social del Supremo se ha adoptado por mayoría de sus 15 miembros. Varios magistrados han anunciado votos particulares. 

Las fuentes del Supremo sólo han adelantado el fallo de la deliberación del Pleno de la Sala IV respecto a este recurso realizada esta mañana.

Aún falta por redactar la sentencia, donde se argumentarán los fundamentos jurídicos en los que se basa la mayoría del Supremo para confirmar la sentencia del TSJ de Madrid y declarar ilegal el despido de Telemadrid.

La ponente de la sentencia es la magistrada Rosa Virolés.

En su fallo, el Supremo desestima los recursos presentados por los sindicatos CCOO y UGT que solicitaban la declaración de nulidad del despido, lo que hubiera conllevado la readmisión de todos ellos. También desestima el recurso de la empresa que solicitaba la anulación de la sentencia del TSJ de Madrid.

Ignacio González amenazó con el cierre en caso de nulidad

Meses atrás, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció que si la Justicia anulaba el ERE no tendrían más remedio que cerrar el Ente Público al no poder afrontar los gastos, al igual que hizo en su día la Generalitat valenciana con el cierre de su canal autonómico.

El despido colectivo se aprobó el 9 de enero de 2013. Ese día, el consejo de administración de Radio Televisión Madrid dio luz verde al plan de reestructuración definitivo para Telemadrid tras un mes de negociaciones sin acuerdo. Los sindicatos impugnaron el acuerdo ante la Justicia.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó en mayo del año pasado declarar "improcedentes" las cuantías fijadas en el ERE, sin forzar a readmitir a los trabajadores despedidos. La sentencia repercutía en las indemnizaciones que los trabajadores del Ente tendrían que recibir. Así, el TSJM estimó parcialmente la demanda de los sindicatos y consideró que "procede declarar no ajustada a derecho la decisión extintiva adoptada por las demandadas a no haberse acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación extintiva", aunque desestima la "causa de nulidad" presentada.

Se basó para rechazar declarar los despidos nulos básicamente en que el Ente no ostenta consideración de Administración pública y que, por tanto, la prioridad de permanencia del personal laboral fijo es "aplicable a los procedimientos de despido en las Administraciones Publicas".

Tras conocer el fallo, la dirección de Telemadrid acordó recurrir en casación al Supremo, al igual que anunciaron los sindicatos.

Fuentes de Telemadrid explicaron entonces a Europa Press que este recurso se presentó "a última hora" porque la intención era ejecutar el dictamen del Tribunal madrileño. Sin embargo, el hecho de que las organizaciones sindicales hayan decidido presentar recurso de casación a la sentencia les obligó a hacer lo mismo.