El Tribunal Supremo envía a la cárcel al exalcalde de Jerez PedroPacheco, después de añadir un nuevo delito a su condena por prevaricación y malversación de caudales en la contratación de dos compañeros de partido como asesores de empresas municipales. El nuevo delito agregado es el de falsedad documental, que aprecia para los tres condenados, lo que supone a Pacheco un cómputo total de pena de 5 años y 6 meses de cárcel.

La Sala de lo Penal del Supremo acoge la tesis de la Fiscalía y ha agravado la pena impuesta por la contratación irregular en 2005 de dos políticos del PSA, José López y Manuel Cobacho, en calidad de asesores, en diferentes empresas municipales.

El pasado mes de junio el alto tribunal examinó los recursos que el político y la fiscal presentaron contra su condena impuesta por la Audiencia de Cádiz por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, que suponía 4 años y 6 meses de prisión y 8 de inhabilitación absoluta para ejercer cargo público.

Los hechos se remontan al año 2005, cuando el Pleno del Ayuntamiento de Jerez celebrado el 18 de enero de ese año, nombró al personal eventual de confianza de los partidos políticos que lo componían y, en concreto, designó a dos personas por parte del PSA.

El Supremo confirma que queda probado que Pedro Pachecho, entonces Teniente de Alcalde, valiéndose de su puesto directivo en dos sociedades municipales y con la finalidad de conceder una prestación mensual a militantes de su partido, nombró como asesores a los otros dos condenados, sin contraprestación alguna, ordenando pagos por un total de 206.833,66 euros.

Pacheco utilizó las empresas municipales como si fueran suyas y causó un daño demoledor: "la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus instituciones"

Unos nombramientos, según la sentencia, que trató de maquillar bajo la forma de contratos de asesoría o de naturaleza laboral utilizando las empresas municipales como si fueran suyas.

Con su conducta, Pacheco causó un claro perjuicio para los intereses públicos de la colectividad en materia tan sensible como son los caudales públicos, pero también afirma el Supremo que existió "un daño no por inmaterial menos efectivo y de claro contenido demoledor, constituido por la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus instituciones".

En este sentido, recuerda que "nada lesiona más la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes políticos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos son los primeros custodios".

La sentencia asevera que "causa sonrojo" la alegación de la defensa de que creía que actuaba correctamente y rechaza esa tesis en la medida que el recurrente tiene titulación universitaria, ha sido jefe de un partido político y alcalde de Jerez de la Frontera.

El Tribunal Supremo concluye que se está en una situación clara de fraude: hay deseo de proceder a la acción fraudulenta, la oportunidad de llevarla a cabo y la justificación dándole una apariencia de legalidad para buscar la impunidad.

En el caso de José López Benítez, la pena  se eleva a 2 años y 10 meses y 15 días de prisión  -la Audiencia lo había condenado a 2 años y 6 meses- porque firmó dos contratos, uno de ellos verbal. Para Manuel Valeriano Cobacho Márquez, que firmó un contrato irregular, el nuevo delito que aprecia el Supremo le supone pasar a una condena de 2 años, 7 meses y 15 días de prisión, en lugar de los 2 años y tres meses a los que había sido condenado por la Audiencia de Cádiz.

 El autor de ‘la justicia es un cachondeo'

Hubo un tiempo en que Pedro Pacheco era el alcalde más popular de España. Dotado de un gran liderazgo, acumuló tal poder que el andalucismo que lideraba llegó a tener 10 diputados en el Parlamento autónomo.

Era la década de los años 90, cuando reformaba la ciudad con un circuito de carreras de dimensión internacional, mientras la sacaba de la melancolía en la que estaba sumergida tras la crisis de los años 80.

Se hizo muy popular entonces, al tiempo que los periodistas celebraban frases suyas como "en Jerez, o eres Domech o caballo". Y cuando un tribunal rechazó su decisión de derribar el chalet del cantante Bertín Orborne, su contrariedad la volcó en una frase que le perseguirá de por vida: "La justicia es un cachondeo".

Con el transcurrir de los años, creció en él un animal político cargado de ambición y populismo, que convirtió a la ciudad en el segundo municipio más endeudado mientras confundía el proyecto político con su proyecto personal y despedía a asesores cuando le decían lo que no quería oír.

Ese aislamiento que acompaña al poderoso hizo crecer en él un ego de líder intocable. Su confusión entre lo público y lo personal es la que le ha llevado a esta condena, al contratar a dedo a dos compañeros de su partido.

El Supremo le reprocha este proceder, que considera demoledor para la sociedad ya que hace perder la confianza en las instituciones.

El recurso ante el Supremo era su último cartucho para eludir la prisión, y para permanecer en el ayuntamiento de Jerez, la que fue su casa durante 34 años. Ahora se confirma que no podrá regresar: la ley electoral prohíbe desde 2011 a los condenados por delitos contra la Administración ejercer un cargo público. Y ha sido condenado por malversación de caudales públicos, falsificación de documento oficial y prevaricación.

Político y abogado vinculado al nacionalismo y socialismo andaluz desde la Transición, Pacheco fue alcalde de Jerez de la Frontera ininterrumpidamente desde 1979 a 2003. Desde entonces ha sido teniente de alcalde hasta que en 2013 fue destituido por su condena en esta doble contratación irregular.

La política andaluza y el nacionalismo andaluz no se entienden sin su figura poderosa. Era "el inmatable", apodo que le otorgó su amigo Francisco González Cabaña, exsecretario general socialista de Cádiz.

La Justicia es lenta, pero implacable como un paquidermo cuando se pone en marcha. Pacheco afronta ahora un caso por cargar al ayuntamiento facturas falsas de las obras de la casa de la hermandad del Rocío de Jerez, en Almonte (la Fiscalía le pide 6 años de cárcel) y por la venta de 4.000 metros cuadrados de la antigua estación de autobuses, donde se enfrenta a una pena de 7 años de prisión.

Una tercera causa abierta contra él es por expropiar unos terrenos en beneficio de un constructor, en el llamado caso de los huertos de ocio.

 

 

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